En México, la conversación sobre inseguridad suele concentrarse en los delitos visibles, en los eventos de alto impacto o en las coyunturas que dominan la agenda pública. Sin embargo, el problema que verdaderamente determina la persistencia de la violencia es menos estridente, pero mucho más decisivo: la impunidad. No es solo un fenómeno jurídico; es una fuerza económica que altera incentivos, decisiones y expectativas en toda la estructura productiva.

La impunidad actúa como un mecanismo silencioso de distorsión. Cuando la probabilidad de investigación y sanción es baja, el delito deja de percibirse como una conducta excepcional y comienza a integrarse a la lógica de riesgo cotidiano. En términos económicos, la ecuación es clara: si el costo esperado de delinquir es reducido, su frecuencia tiende a aumentar. No es una conjetura teórica, sino un patrón históricamente documentado en múltiples contextos.

El impacto trasciende la esfera penal. La incertidumbre generada por entornos inseguros modifica comportamientos empresariales inmediatos. La inversión se vuelve cautelosa, el capital se inmoviliza, los planes de expansión se difieren. La economía no se detiene abruptamente, pero pierde dinamismo. El crecimiento se desacelera no por falta de oportunidades, sino por la erosión de la certeza.

Este efecto resulta particularmente severo en la economía real: la de los negocios familiares, comercios locales y pequeñas unidades productivas que dependen del flujo diario y operan con márgenes estrechos. A diferencia de grandes corporaciones, estas empresas no cuentan con estructuras robustas para amortiguar costos extraordinarios derivados de la inseguridad. Cada pérdida, cada extorsión, cada interrupción operativa tiene consecuencias directas sobre su viabilidad.

La impunidad, además, genera un daño sistémico menos visible pero más profundo: debilita la confianza. Donde no hay consecuencias previsibles, las reglas pierden credibilidad. La actividad económica se desarrolla entonces bajo una lógica defensiva. Se invierte menos, se arriesga menos, se contrata menos. El resultado agregado es una economía más frágil, menos productiva y con menor capacidad de generar bienestar.

Desde la perspectiva institucional, la relación entre Estado de derecho y desarrollo ha sido ampliamente analizada. Las economías más estables no son necesariamente las que enfrentan menos riesgos, sino aquellas donde las reglas se aplican de forma consistente. La certeza jurídica reduce costos de transacción, favorece la inversión y fortalece la confianza en el largo plazo.

Por ello, la política de seguridad no puede evaluarse únicamente desde indicadores de corto plazo. Combatir la impunidad constituye una estrategia económica de mediano plazo. Aumentar la probabilidad de investigación efectiva, fortalecer capacidades institucionales y garantizar consecuencias previsibles modifica los incentivos que alimentan la delincuencia. Cuando el delito deja de ser rentable, su incidencia disminuye.

México enfrenta una disyuntiva estructural. Sin reducción sostenida de la impunidad, cualquier avance en crecimiento económico opera bajo restricciones permanentes. La seguridad no es solo una demanda social; es un requisito para la estabilidad productiva. Porque en ausencia de consecuencias creíbles, la incertidumbre se convierte en el principal impuesto que pagan ciudadanos, empresas y comunidades enteras.

FUENTE: Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente de CONCANACO SERVYTUR