Costos logísticos en México: transporte, nodos y fricción operativa en 2026
En México, la logística ha dejado de ser vista solo como un tema operativo para convertirse en una variable clave de competitividad dentro de las
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Un enemigo silencioso está drenando las arcas de México: el llamado contrabando técnico y su versión más dañina en hidrocarburos, el huachicol fiscal. Estas prácticas de fraude aduanero y fiscal han cobrado tal magnitud que se estima que el gobierno federal dejó de recaudar más de 809 mil millones de pesos entre 2018 y 2024 por el huachicol fiscal, equivalente a casi el 30% de todos los combustibles vendidos en el país. Para ponerlo en perspectiva, esa pérdida duplica el costo de la nueva refinería de Dos Bocas. Detrás de estas cifras hay una red sofisticada de corrupción y evasión que no sólo merma la recaudación, sino que golpea a las industrias nacionales, pone en riesgo empleos formales y distorsiona la competencia económica.
¿Qué es el contrabando técnico y qué es el huachicol fiscal?
Se entiende por contrabando técnico, también llamado contrabando documentado, la introducción de mercancías extranjeras al país por los cauces formales de la aduana, pero mediante información o documentos falsos, con el fin de evadir impuestos o regulaciones. A diferencia del contrabando “bronco” o tradicional, en el que se oculta físicamente la mercancía para saltarse la aduana por completo, en el contrabando técnico sí hay pedimento aduanal, pero se incurre en fraude documental: se manipulan fracciones arancelarias, valores, cantidades u origen de la mercancía. El objetivo es pagar menos aranceles, IVA u otros impuestos de los que corresponden realmente, violando la ley de manera sofisticada.
El huachicol fiscal es un término coloquial relativamente reciente para referirse a una modalidad específica de contrabando técnico en el sector de combustibles. Consiste en importar gasolinas o diésel haciéndolos pasar, en el papel, por otros productos con carga impositiva menor, como aceites lubricantes, aditivos o solventes, con lo que se eluden los elevados impuestos especiales que gravan a los hidrocarburos. En esencia, se trata de un fraude fiscal y aduanero en la comercialización de combustibles: las empresas involucradas simulan legalidad con facturas y pedimentos falsos, eluden el pago del IEPS de gasolina o diésel (que puede rondar entre 5 y 7 pesos por litro) y solo pagan, en el mejor de los casos, el IVA mínimo aplicable. Este esquema permite ofrecer combustible ilegal más barato en el mercado, en detrimento del fisco y de la competencia leal. La Procuraduría Fiscal lo sintetiza como importar combustibles declarados como otros productos de menor carga impositiva, evadiendo millones de pesos.
El contrabando técnico abarca cualquier mercancía introducida con engaños documentales (textiles, electrónicos, calzado, entre otros), mientras que el huachicol fiscal se refiere específicamente al contrabando técnico de combustibles mediante simulación fiscal. Ambos son delitos federales graves conforme al Código Fiscal de la Federación, equiparables a defraudación, con penas que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión dependiendo del monto evadido.
Contrabando técnico, contrabando tradicional, subvaluación y triangulación
Conviene precisar las diferencias entre figuras relacionadas que con frecuencia se confunden.
El contrabando tradicional o “bronco” es el contrabando físico clásico: ingresar mercancía extranjera por fuera de la aduana, ocultándola en vehículos, equipajes o rutas clandestinas. No se presenta pedimento ni documentación, y por tanto no se pagan impuestos ni se cumplen restricciones sanitarias o de seguridad. Un ejemplo típico sería un cargamento de ropa que cruza la frontera oculta en un camión sin declarar nada. Es una forma de evasión burda, pero aún vigente.
El contrabando técnico ocurre dentro del proceso aduanero formal, pero con documentación alterada o falsa. Se aparenta cumplir con el despacho aduanero, pero se miente en el valor, en la clasificación arancelaria, en el origen o en la cantidad de la mercancía. Es una forma más sofisticada y difícil de detectar, porque a simple vista los papeles parecen estar en regla. Dentro de este universo se inscriben modalidades concretas, como la subvaluación y la triangulación.
La subvaluación o subfacturación consiste en declarar un valor aduanero menor al real para pagar menos arancel e IVA. Es una de las formas más comunes de contrabando técnico. Por ejemplo, importar zapatos de marca con facturas alteradas que indiquen cinco dólares por par en lugar de cincuenta. La práctica puede sustentarse en facturas falsas o en la colusión con el proveedor extranjero para emitir comprobantes por montos inferiores al pago real. En términos simples, es un fraude deliberado en la documentación comercial para reducir la base gravable y generar competencia desleal.
La triangulación de origen consiste en simular una ruta u origen distinto de la mercancía para burlar restricciones arancelarias, cupos o medidas antidumping. Es igualmente un tipo de contrabando técnico: las mercancías se importan con certificados de origen falsos o se reetiquetan desde un tercer país que funciona como pantalla. Así, productos chinos sujetos a arancel alto o cuotas en México se envían primero a un país intermedio y luego se reexportan simulando ser originarios de ahí, con documentos apócrifos. La triangulación explota tratados comerciales o evade sanciones presentando un origen distinto al real, lo cual distorsiona el comercio y evade medidas legítimas de defensa comercial.
El contrabando tradicional burla completamente el control aduanero, mientras que el contrabando técnico se sirve de él abusando del sistema mediante datos falsos. La subvaluación y la triangulación son herramientas específicas dentro de este segundo esquema. Todas estas prácticas implican evasión fiscal y constituyen delito federal, con consecuencias que van desde multas millonarias hasta prisión, según la gravedad del caso.
Del robo de ductos al fraude fiscal: la evolución del “huachicol”
El término huachicol originalmente se refería a la adulteración de bebidas alcohólicas, pero desde la década de 1990 en México se popularizó para describir el robo de combustibles directamente de los ductos de Pemex. En estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo proliferaron las tomas clandestinas: pequeños grupos ordeñaban los oleoductos con mangueras, extraían combustible y lo vendían de manera ilegal. Con el tiempo, esta actividad creció y fue tomada por el crimen organizado. Para 2010, Pemex detectaba ya más de 700 tomas ilegales al año y, entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, se registraron 81,352 perforaciones clandestinas en sus ductos a nivel nacional. Este huachicol tradicional provocaba pérdidas directas multimillonarias a Pemex, desabasto e incluso tragedias como la explosión de Tlahuelilpan en 2019.
A partir de 2016–2020, sin embargo, el huachicol migró del ducto al escritorio y se transformó en huachicol fiscal. Con el combate militarizado al robo en ductos emprendido en 2019, cuando se cerraron válvulas para frenar la ordeña, las organizaciones delictivas encontraron un camino alterno para seguir vendiendo combustible ilegal: importarlo “legalmente” mediante fraude aduanero. El término huachicol fiscal surgió hacia 2021, cuando el SAT detectó un aumento inusual en las importaciones de lubricantes que en realidad eran diésel encubierto. La clave era sencilla: los lubricantes no pagan IEPS, mientras que cada litro de diésel legal debe cubrir un IEPS de alrededor de 7.10 pesos, además del IVA. Al declarar un cargamento de diésel como si fuera aceite lubricante, los contrabandistas eludían prácticamente todo el impuesto.
La Gráfica 1 muestra una transición estructural del delito. El huachicol tradicional, asociado a perforaciones de ductos y robo físico de combustible, generaba pérdidas relevantes pero limitadas por su logística criminal y el riesgo operativo. En contraste, el huachicol fiscal convirtió la evasión en un modelo escalable: basta declarar la mercancía como lubricante, aditivo u otro insumo con menor carga tributaria para reducir o eliminar el pago de IEPS. El salto de 39 mil mdp a 177 mil mdp no solo habla de un delito más rentable, sino de un sistema que entra por aduanas con apariencia de legalidad.
Se trata de una versión más sofisticada del huachicol, en la que ya no se expone la vida como antes. En lugar de arriesgarse a una toma clandestina, las redes importan hidrocarburo ya refinado, pero lo registran como lubricante, alcohol industrial u otros insumos exentos, de modo que el combustible entra por las aduanas con apariencia de legalidad.
Este mecanismo ha resultado incluso más lucrativo y dañino que el robo físico. Solo en 2024 se estima que entraron al mercado mexicano 18 mil millones de litros de combustible ilegal vía huachicol fiscal. Petro Intelligence calcula que cada año el erario pierde alrededor de 177 mil millones de pesos por esta causa, una cifra que supera los montos asociados al huachicol tradicional. La fuga de ingresos públicos, cercana a 9,200 millones de dólares anuales, alimenta además cárteles y mafias de cuello blanco.
El escándalo creció cuando se reveló la posible participación de altos funcionarios. En septiembre de 2025 se difundió una red de contrabando de combustibles supuestamente liderada por un vicealmirante, Manuel Farías, familiar del ex secretario de Marina, que habría involucrado al menos a seis elementos de la Marina. En julio de 2024, un alto mando naval en Veracruz denunció la complicidad de mandos en la entrada ilegal de 31 buques llenos de hidrocarburo mediante fraude fiscal. Estos casos evidenciaron la colusión dentro de la propia autoridad aduanera militarizada y reforzaron la percepción de que el huachicol fiscal es una amenaza a la seguridad energética y fiscal del país.
Así, el huachicol ha mutado de las imágenes de bidones en caminos rurales a maniobras contables en los despachos aduanales. Su impacto sigue siendo profundo tanto para Pemex como para Hacienda y explica por qué el combate a estas prácticas se ha convertido en prioridad de política pública.
La dimensión del problema en México (2024–2025)
Las cifras asociadas al contrabando técnico y al huachicol fiscal ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno. Solo por evasión de impuestos en combustibles mediante huachicol fiscal, el daño acumulado estimado rebasa los 600 mil millones de pesos, de los cuales apenas una fracción se ha judicializado. Esto equivale a unos 485 millones de pesos perdidos cada día por el fraude en gasolinas. En 2024, el quebranto anual rondó los 177 mil millones de pesos.
Si se consideran otras mercancías, el contrabando técnico representa también una sangría fiscal considerable. En 2025, el SAT informó la existencia de 109 expedientes penales abiertos por corrupción aduanera, con un perjuicio estimado de 22,843 millones de pesos identificado en esos casos. Adicionalmente, mediante auditorías y embargos aduaneros se han incautado mercancías presuntamente ilegales valuadas en 7,554 millones de pesos en el último año.
Más allá del impacto en la recaudación, el contrabando técnico golpea la economía formal y el empleo. Sectores enteros se han visto inundados de mercancía subvaluada o de contrabando, lo que dificulta competir a quienes sí cumplen. La industria textil-confección es un ejemplo emblemático: representantes empresariales denuncian que hasta 70% del mercado de ropa en México está en manos de la ilegalidad, con prendas importadas sobrefacturadas, trianguladas o ingresadas de forma clandestina. Esta situación ha provocado el cierre de más de 40 fábricas nacionales de textil y vestido y la pérdida de más de 200 mil empleos formales en los últimos años. Tan solo de septiembre de 2023 a mediados de 2025, el empleo formal en ese sector cayó 30%, lo que implica unas 50 mil plazas menos por la competencia desleal del contrabando.
El sector calzado enfrenta una problemática similar. Se estima que alrededor del 23% del consumo nacional de zapatos entra mediante algún tipo de contrabando, ya sea subvaluado o ilícito, y se comercializa sobre todo en tianguis y mercados informales. Los fabricantes mexicanos, concentrados en el Bajío, operan apenas al 53% de su capacidad instalada, asfixiados por la avalancha de calzado asiático subvaluado. Entre textil, confección y calzado, el contrabando ha eliminado más de 250 mil empleos formales, afectando a estados industrializados.
En el ámbito de electrónicos y aparatos eléctricos, aunque las estimaciones son menos precisas, también existe un problema grave de infravaloración en aduana. No es casual que dispositivos como celulares, consolas de videojuegos o pequeños electrodomésticos llenen tianguis y canales informales: con frecuencia ingresan declarados a centavos de dólar por unidad. Las autoridades han detectado abuso de esquemas de paquetería y mensajería para introducir pequeños electrónicos y accesorios subvaluados, motivo por el cual se elevó el arancel general de envíos exprés de 19% a 33.5% y se endureció la inspección de paquetes.
En combustibles, el efecto del huachicol fiscal se percibe en el mercado energético. Diversos análisis señalan que tres de cada diez litros de gasolina o diésel vendidos en México podrían tener origen en esquemas de huachicol fiscal. Esto equivale a una competencia brutalmente desleal para las gasolineras formales, que sí pagan impuestos y cumplen regulaciones. Los distribuidores clandestinos pueden ofrecer combustible más barato, obligando a estaciones formales a operar con márgenes mínimos. A ello se suma el riesgo de calidad, pues muchos de esos combustibles son adulterados y pueden dañar motores o incumplir normas ambientales.
La consecuencia agregada es una combinación de menor recaudación, destrucción de empleos formales y desincentivo a la inversión. Desde hace años, la autoridad fiscal advertía que el contrabando técnico ponía en riesgo la planta productiva y el empleo; hoy esa advertencia cobra plena vigencia. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) ha señalado que la inundación de mercancía ilegal desde Asia frena inversiones y erosiona la capacidad industrial de México en sectores clave.
El hueco recaudatorio anual es alarmante, pero el acumulado revela el verdadero impacto sistémico. Un país puede absorber un mal año; lo que no puede absorber son seis años consecutivos de degradación tributaria. El ascenso de 93 mil a 177 mil mdp no es una curva coyuntural, es una tendencia consolidada. En el acumulado, el Estado deja de recibir más de 800 mil mdp, lo que equivale al presupuesto de educación superior durante varios años o a megaproyectos de infraestructura. El huachicol fiscal no solo erosiona ingresos: altera prioridades públicas, desplaza inversión y perpetúa mercados informales.
Nuevas medidas del gobierno: ¿dónde están pegando?
Frente a la magnitud del problema, el gobierno federal ha desplegado desde 2023–2025, una estrategia de respuesta que combina cambios legales, depuración administrativa y operativos en campo.
En el plano normativo, en octubre de 2025 se aprobó una reforma integral a la Ley Aduanera que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, con el propósito de combatir la evasión, el contrabando y la corrupción. La reforma crea un Consejo Aduanero de alto nivel, integrado por Hacienda, SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría Anticorrupción, para coordinar acciones en la materia. Asimismo, elimina la figura de patentes vitalicias de agentes aduanales y obliga a su recertificación periódica, haciéndolos corresponsables solidarios de las operaciones que gestionen.
Los agentes aduanales deberán verificar que los importadores cuenten con los permisos y regulaciones necesarios, que tengan la infraestructura para manejar las mercancías y que no estén vinculados a empresas factureras. También deberán corroborar que la mercancía declarada coincida físicamente con lo que se presenta en la aduana y que los impuestos pagados sean correctos. Se amplían las causales de suspensión y cancelación de patentes, y se eliminan eximentes que antes les permitían deslindarse con mayor facilidad.
En paralelo, el SAT emprendió una depuración sin precedentes del padrón de importadores. En 2025 informó la suspensión de 22,352 contribuyentes del padrón por presunto incumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Muchos de ellos serían empresas fachada o prestanombres utilizados para contrabando técnico. Dieciocho empresas fueron suspendidas específicamente por sospecha de subvaluación en sus operaciones y se promovió la cancelación de 50 programas IMMEX por abuso del esquema.
En el ámbito de los agentes aduanales, las autoridades han cancelado más de 60 patentes por diversas irregularidades. De unos 800 agentes, un análisis de riesgo halló 500 con operaciones irregulares y 84 con operaciones consideradas “extremadamente sensibles”. Se detectaron casos de agentes de más de 85 años cuya patente era usada de facto por terceros, lo que facilitaba actividades ilícitas. El mensaje oficial ha sido que el agente que no cumpla perderá su concesión.
En cuanto a operativos, desde finales de 2024 se lanzó el Operativo Limpieza, un esfuerzo interinstitucional para desarticular la distribución interna de mercancía ilegal. El caso más visible fue el cateo a Plaza Izazaga 89, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se aseguraron 262,334 piezas de mercancía ilícita (principalmente piratería y productos importados sin pagar impuestos) valuadas en 7.5 millones de pesos. Participaron la Secretaría de Economía, la Marina, la Guardia Nacional, el IMPI y autoridades capitalinas. Tras el decomiso se clausuró la plaza y se inició el proceso de extinción de dominio del inmueble. Las autoridades anunciaron que este esquema de operativos se replicaría en las 32 entidades, enfocándose en otros focos rojos de contrabando y piratería, y que toda la mercancía incautada sería destruida.
En materia arancelaria y de reglas misceláneas también hubo cambios. Se impusieron aranceles temporales de hasta 35% a ciertos productos textiles y confecciones de países sin tratado comercial con México y se elevó el arancel de importación vía mensajería y paquetería de 19% a 33.5%. Asimismo, se eliminaron figuras que facilitaban la opacidad, como el RFC genérico para importador extranjero en envíos de bajo valor.
En el ámbito de combustibles se robustecieron los requisitos para acreditar créditos fiscales de IVA e IEPS; ahora las empresas deben demostrar inventarios en tiempo real y trazabilidad del combustible adquirido. También se endurecieron los controles sobre programas IMMEX, tipificando como práctica indebida el uso del programa para ingresar mercancía terminada simulando que se trata de insumos.
Finalmente, se intensificaron las acciones penales y administrativas. La Procuraduría Fiscal presentó más de 100 querellas penales por ilícitos de hidrocarburos por más de 16 mil millones de pesos. El SAT reporta 109 investigaciones penales en curso por corrupción aduanera y más de 330 procedimientos administrativos con embargo precautorio.
Estas medidas apuntan a cerrar espacios a empresas fachada, agentes coludidos, importadores deshonestos y mercados de distribución de mercancía ilegal, pero también suponen nuevos retos operativos para quienes sí cumplen.
El combate a la evasión no llegó en forma de un anuncio espectacular, sino de una secuencia quirúrgica. Primero, la RGCE 2025 cerró puertas normativas y endureció fracciones sensibles. Después, la depuración masiva de padrones limpió canales de importación, sacando del mercado a miles de contribuyentes con operaciones sospechosas. Más tarde, los operativos y carpetas penales trasladaron la defensa al terreno penal, donde la simulación no resiste auditoría. Finalmente, se intervinieron sectores capturados, como textil y calzado, señalando que el objetivo no es sancionar un embarque, sino reconfigurar industrias completas.
Impacto en la operación aduanera y logística
El endurecimiento de los controles y la persecución del contrabando técnico tiene efectos directos en la operación cotidiana del comercio exterior. Una primera consecuencia ha sido el aumento de la intensidad de las revisiones en aduanas. La selectividad se ha tornado más estricta en sectores sensibles como textiles, calzado, hidrocarburos o electrónicos, con más pedimentos pasando a revisión física o documental. El número de procedimientos de verificación con embargo precautorio, superior a 330 en un año, refleja este mayor escrutinio.
Este incremento en las inspecciones se traduce en demoras y sobrecostos logísticos. En cruces fronterizos como Nuevo Laredo se han reportado retrasos prolongados y largas filas de camiones, con aumentos de hasta 60% en el costo por cruce debido al mayor tiempo de espera y consumo de combustible. Incluso cuando parte de esta problemática obedece a decisiones unilaterales de autoridades estadounidenses, el refuerzo de controles mexicanos también incide en la dinámica. Las empresas se ven obligadas a ajustar inventarios de seguridad, recalendarizar embarques y asumir mayores costos de almacenaje y operaciones en recintos fiscalizados.
Los costos administrativos también crecen. Las importadoras invierten más en sistemas de monitoreo, asesoría especializada y verificación previa al embarque. Cada factura, certificado de origen, permiso y licencia requiere ahora una revisión más cuidadosa para evitar que la autoridad detecte incongruencias. En algunos casos se solicitan garantías financieras o depósitos en cuentas aduaneras mientras se resuelve la verificación del valor declarado, lo que representa un costo financiero adicional.
Transportistas, empresas de paquetería y recintos fiscalizados se encuentran igualmente bajo presión. La ANAM ha solicitado la cancelación del registro de varias empresas de mensajería por su posible participación en esquemas ilícitos. Los transportistas corren el riesgo de que sus unidades sean retenidas junto con cargas irregulares, incluso cuando alegan desconocimiento del contenido.
En cuanto a los agentes aduanales, el nuevo marco normativo los coloca bajo un escrutinio sin precedentes. La posibilidad de perder la patente por irregularidades u omisiones ha llevado a muchos a reforzar sus protocolos internos, rechazar clientes de alto riesgo y revisar en detalle cada operación a su cargo. Esto puede alargar el ciclo de despacho, pero constituye un mecanismo de autoprotección ante un entorno regulatorio más estricto.
Operar en comercio exterior en México se ha vuelto más complejo en el corto plazo. Sin embargo, el objetivo de fondo es purgar el sistema, filtrar a los actores deshonestos y restablecer condiciones de competencia más equitativas. El equilibrio dependerá de que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en los verdaderos infractores y de que las empresas adapten sus procesos para convivir con un nivel de fiscalización más alto.
El costo del cruce no es un impuesto; es el precio de la incertidumbre. Cada hora de espera en puente, cada revisión documental y cada cruce rebotado se traduce en salarios de operador, combustible, seguro y pérdida operativa. La diferencia es brutal: el cruce Laredo–Nuevo Laredo pasa de 90 a 150 USD, un incremento cercano al 60% que desincentiva el cumplimiento. Colombia, N.L. muestra un aumento más moderado, pero igualmente tangible. Cuando la logística deja de fluir, el costo se vuelve un impuesto invisible que erosiona márgenes y favorece esquemas irregulares que operan sin controles ni tiempos muertos.
“Zonas calientes” y empresas cumplidas bajo presión
En el mapa aduanero del país han surgido ciertas zonas especialmente sensibles. Las aduanas marítimas de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y los puertos de Altamira y Tampico concentran una porción significativa del comercio con Asia y han sido señaladas por casos de fraude y subvaluación.
Manzanillo ha sido escenario de decomisos importantes de contenedores en los que las declaraciones arancelarias no correspondían con la mercancía encontrada; en algunos casos, se declaraban materiales de bajo valor cuando en realidad se importaban electrodomésticos o juguetes terminados. La revisión de programas IMMEX y la suspensión de operaciones han generado un replanteamiento profundo en la operación de muchas empresas que utilizaban el puerto como vía principal de importación.
En el caso de Altamira y Tampico, investigaciones periodísticas y oficiales han señalado su papel en el huachicol fiscal. Se han documentado descargas de buques tanque cuyos cargamentos, en apariencia declarados como lubricantes, terminaron en cadenas de distribución de combustibles.
Por otro lado, aduanas fronterizas del norte como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana/Otay viven una tensión permanente entre la necesidad de agilizar el comercio y las presiones para reforzar controles. A ello se suman aduanas del sur como Ciudad Hidalgo, asociadas sobre todo al contrabando físico hormiga, pero que obligan a un monitoreo constante.
En cuanto a sectores, los hidrocarburos encabezan la lista de actividades bajo lupa. Todas las importaciones de gasolinas, diésel, turbosina y lubricantes están sujetas a controles estrictos, análisis de laboratorio y requerimientos de información sobre inventarios y destino del producto. Los sectores textiles, confección y calzado cuentan con tablas de precios de referencia y esquemas de selectividad reforzada, mientras que en electrónicos y línea blanca se vigila con especial atención el uso de paquetería y mensajería como posibles vehículos de subvaluación.
Este clima de vigilancia, aunque necesario para combatir la ilegalidad, genera presión también sobre las empresas cumplidas, en especial cuando se desempeñan en sectores “contaminados” por prácticas ilícitas. Importadores honestos de textiles enfrentan más revisiones y deben destinar recursos adicionales a demostrar, una y otra vez, que sus valores y orígenes son correctos. Gasolineras que se surten de combustibles legales pueden ser auditadas para comprobar que no adquirieron producto de origen dudoso. Empresas IMMEX genuinas deben documentar con mayor detalle sus procesos productivos para disipar sospechas de simulación.
El riesgo reputacional es otra variable. Si una marca conocida aparece en un decomiso de mercancía ilegal, aunque se trate de falsificaciones o de producto introducido por terceros sin autorización, su imagen se ve afectada. Del mismo modo, una empresa puede verse envuelta en un caso penal si se demuestra que participó, aun indirectamente, en cadenas de facturación o importación fraudulentas.
Todo ello coloca a las empresas formales en la necesidad de adoptar estándares de trazabilidad más robustos y de elevar su vigilancia sobre socios comerciales. Quienes reaccionen de manera proactiva estarán mejor posicionados para capotear el temporal; quienes subestimen este cambio corren el riesgo de ser arrastrados por sospechas o investigaciones que tal vez pudieron evitar.
Aquí se evidencia la asimetría del mercado mexicano. Mientras combustibles mantiene un 30% de actividad ilícita, textil y calzado operan prácticamente bajo reglas de la informalidad: siete de cada diez productos llegan subvaluados o triangulados. En electrónicos, el porcentaje se modera, pero el riesgo sigue elevado debido a cadenas de suministro fragmentadas y alta rotación de importadores. En este entorno, la empresa cumplida no compite contra un rival: compite contra una estructura paralela que no paga impuestos, no asume certificaciones y no respeta tiempos de despacho.
Cómo blindarse: buenas prácticas en comercio exterior
La lucha contra el contrabando técnico no se libra solo desde el sector público. Las empresas tienen un margen importante de acción para reducir su exposición a riesgos y fortalecer su posición frente a posibles auditorías o investigaciones.
Un primer eje es el conocimiento profundo de proveedores y clientes internacionales. Resulta indispensable aplicar procesos de debida diligencia que permitan verificar la existencia legal de las contrapartes, su reputación, su historial comercial y la coherencia de sus precios. Ofertas demasiado atractivas pueden esconder esquemas de subvaluación o huachicol fiscal. En el caso de combustibles u otros productos sensibles, se vuelve esencial exigir pruebas de origen y calidad, como análisis químicos y documentación de trazabilidad, así como incluir cláusulas contractuales que permitan rescindir relaciones si se detectan irregularidades.
En segundo lugar, se impone asegurar la correcta clasificación arancelaria. La determinación de fracciones arancelarias no debe dejarse al azar ni considerarse un trámite menor. La empresa debe contar con personal capacitado o asesores especializados y establecer mecanismos de doble revisión interna para cada producto. En mercancías complejas, puede ser recomendable solicitar opiniones de clasificación a la autoridad, con el fin de contar con un respaldo oficial y reducir la incertidumbre.
La declaración del valor real de las mercancías es otro pilar. La subvaluación ofrece un ahorro fiscal inmediato, pero coloca a la empresa en el terreno del contrabando técnico. Facturas y registros de pago deben coincidir y estar respaldados por correos, cotizaciones y contratos que justifiquen los precios pactados. Ante proveedores que propongan declarar valores inferiores a los reales, la única respuesta prudente es rechazar la propuesta, porque el beneficio a corto plazo puede traducirse en sanciones severas en el futuro.
Verificar el origen de las mercancías y la utilización correcta de los tratados comerciales es un cuarto componente. La empresa debe comprobar que los productos importados con preferencias arancelarias cumplen efectivamente con las reglas de origen aplicables. Los certificados de origen deben revisarse con cuidado, y en caso de dudas es preferible renunciar al beneficio arancelario y pagar la tasa general, antes que enfrentar una determinación posterior de diferencias de contribuciones o sanciones por uso indebido de tratados.
El fortalecimiento del control interno aduanal conforma un quinto eje. Resulta recomendable documentar de manera clara los procedimientos de comercio exterior dentro de la organización, incluyendo listas internas de verificación para cada embarque, responsabilidades de revisión y criterios de archivo de la documentación. Mantener expedientes completos y ordenados durante todo el periodo exigido por la ley es la mejor defensa ante una auditoría.
Las empresas que operan bajo esquemas especiales, como IMMEX, deben cuidar aún más sus procesos. Importar insumos bajo programas de fomento exige cumplir estrictamente con los tiempos y modalidades de retorno, así como evidenciar la transformación de la mercancía. Cualquier apariencia de simulación, por ejemplo, el uso del programa para introducir productos terminados puede derivar en la cancelación del beneficio y en acusaciones de contrabando.
La capacitación continua del personal de comercio exterior, compras e incluso ventas es igualmente fundamental. Las normas cambian con frecuencia, en especial a través de reglas misceláneas de comercio exterior, y la ignorancia no exime de responsabilidad. Un equipo actualizado en materia de clasificación arancelaria, valoración, origen y regulaciones no arancelarias es una inversión que rinde frutos.
Finalmente, apoyarse en expertos y herramientas tecnológicas puede marcar una diferencia importante. Contar con un agente aduanal confiable y con sistemas de gestión aduanera que integren la información de pedimentos, pagos, inventarios y documentación permite detectar incongruencias con mayor rapidez. Algunas soluciones tecnológicas incorporan incluso módulos de análisis de riesgo, que ayudan a identificar operaciones potencialmente problemáticas antes de presentarlas a la autoridad.
Estas buenas prácticas ayudan a las empresas a pasar de una postura reactiva a una estrategia preventiva. En un entorno en el que la autoridad ha anunciado que no habrá espacios para la simulación fiscal ni para la impunidad, blindarse no es una opción marginal, sino una condición para competir y crecer de manera sostenible en el comercio exterior.
El radar hace visible una verdad incómoda: la mayoría de los operadores solo domina los mínimos. Clasifican mercancía y presentan pedimentos, pero carecen de trazabilidad, auditoría interna y due diligence. Operar así en 2025 es jugar a la ruleta con la autoridad. En contraste, el operador certificado (OEA o IVA/IEPS) crea un ecosistema de prevención: verifica proveedores, respalda origen, documenta cada movimiento y anticipa riesgos. No es un trámite costoso, es una inversión en resiliencia. Quien no madura el compliance termina siendo asociado, aunque sea indirectamente, al contrabando técnico.
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