Para los fines del presente artículo, se tomarán como referencia los elementos esenciales que forman parte de la economía colombiana y mexicana respecto al sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) con el fin de establecer los mecanismos de inclusión que fomentan los Estados para hacerlos partícipes en la vocación exportadora y posteriormente analizar la eficiencia de los procesos de cadenas de valor que actualmente ejecutan. El tema se abordará de manera general con el fin de enfatizar una problemática que hace parte del día a día de cada uno de los actores que componen la cadena productiva y, por tanto, de la sociedad en colectivo. 

EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD DE LAS MIPYMES

Todos los sectores han reaccionado ante el fenómeno de inclusión de las MiPyMEs, pero a ciencia cierta no se aborda la complejidad del tema con la continuidad y precisión que se requiere. En Colombia existen aproximadamente 2,500,000 de MiPyMES, de las cuales 1,500,000 se encuentran inscritas en el Registro Único Empresarial (RUES), vale la pena precisar este dato toda vez que el tamaño y aporte de las empresas se encuentra subestimado debido al alto índice de informalidad; con todo, este grupo representa más del 90% del sector productivo, cifra que incluye personas naturales y jurídicas las cuales abarcan distintos fragmentos y cubren diversas necesidades específicas contribuyendo así con 80% del empleo en el país y aportando 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, México alberga un poco más de 4,000,000 de unidades económicas, de las cuales más del 90% son MiPyMEs que generan al igual que en Colombia 80% de los empleos remunerados y aportan aproximadamente 50% del PIB. Sin embargo, a pesar de que este segmento empresarial sea considerado en términos porcentuales el motor de crecimiento y desarrollo económico de cada país, es evidente su ausencia en el contexto del comercio internacional, pues en el caso de Colombia se destaca que de 1,791 empresarios PyME de los macro sectores de la industria, comercio y servicios sólo 20% son exportadores, mientras que las microempresas representan su capacidad exportadora en tan sólo un 3%; situación similar ocurre en México en donde estas no presentan participación porcentual destacando que las medianas y pequeñas empresas generan apenas 9% del valor total de las exportaciones manufactureras.

En este sentido y vistas las cifras en rasgos puramente generales, es evidente que existe un vacío en el eje competitivo de este sector para hacer parte de la globalización de los mercados, pues su alcance y potencial se quedan cortos ante la diversificación productiva y su posterior inserción en las cadenas globales de valor; premisa suficiente para entender que el fenómeno que surge en torno a la precaria consolidación de las MiPyMEs en Latinoamérica nos afecta a todos, y por tanto, la atención urgente de las políticas públicas debe ser considerada una inversión con altos alcances en progreso, emprendimiento e innovación, y no como un gasto recurrente. 

Efectuando una revisión a la historia económica de Colombia y México, es evidente que la situación actual de las MiPyMEs no se diferencia mucho de lo que se proyectaba hace poco más de 10 años para su futura inserción en la inminente apertura económica mundial. En ese entonces se hablaba de la necesidad de crear herramientas suficientes y eficaces para dar paso a los pequeños empresarios a un contexto internacional, que si bien era incierto, decían que su participación iba a ser altamente activa en todos los sectores con el fin de identificar y corregir las debilidades del mercado para así dinamizarlas y fortalecerlas generando un aumento en las producciones locales con miras a su exportación. Sin embargo, hoy por hoy vemos que a pesar de haberse realizado cambios sustanciales en la estructura productiva de ambos países, aún no logra despegar la potencialización de sectores rentables y competitivos de los que hacen parte las MiPyMEs, ya que estos siguen manteniendo su estructura dentro de un factor netamente local y no están orientados al abastecimiento de las necesidades de la economía global, generándose entonces un detrimento en el desarrollo a nivel nacional de productos y servicios de alto valor agregado. Es así, que alrededor del mundo se ha determinado de manera amplia la importancia de establecer una conceptualización de todo aquello que representa el contexto del valor agregado y del conjunto de fuentes de interpretación, fuentes de agregación, beneficios y aspectos fundamentales de las políticas públicas que lo componen, partiendo de la idea de promover igualdad y competitividad entre los micro, pequeños y medianos empresarios y productores, siendo estos últimos los que carecen aún más de acceso a los recursos tecnológicos y de herramientas de investigación. Ahora bien, considerando que el valor agregado es el monto por el cual el valor de un producto se incrementa en cada etapa de su producción, excluyendo los costos iniciales, resulta necesario interpretarlo como un indicador productivo en el cual se pueda evidenciar el nivel que este representa siendo expresado en términos porcentuales para medir de manera precisa cada una de las etapas de transformación, las cuales tienen como fin último adecuar los productos a las necesidades y requerimientos de los consumidores, los cuales se van ajustando a medida que se establecen las condiciones de negociación con las que participan los distintos actores tales como el precio, la cantidad y calidad del producto o servicio, las modalidades de pago y sus respectivos plazos, las formas de entrega y recibo, entre otros aspectos.

En este escenario, resulta necesario echar un vistazo a las políticas públicas que han instaurado Colombia y México, con el fin de analizar si éstas han mantenido en el tiempo su intención de consolidar el crecimiento económico y un desarrollo empresarial sostenido de las MiPyMEs.

ESTRUCTURA JURÍDICA BÁSICA

De acuerdo con la Ley 905 de 2004, para clasificar este segmento empresarial en Colombia se tienen en cuenta 2 criterios: el valor de los activos y el número de empleados, de tal forma que se proyectan en la siguiente división:

• La microempresa tiene menos de 10 trabajadores y sus activos totales son menores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
• La pequeña empresa tiene entre 11 y 50 trabajadores y sus activos totales son más de 500 y menos de 5,000 smlmv. 
• Mientras que la mediana empresa tiene entre 51 y 200 trabajadores y sus activos totales oscilan entre 5,001 hasta 30,000 smlmv. 

Por su parte, México reglamenta esta clasificación empresarial con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las MiPyMEs del año 2000, la cual establece que los parámetros de clasificación surgen de acuerdo con el número de empleados y el sector productivo en el que operan de esta manera:

FOMENTOS Y PROGRAMAS DE APOYO

En Colombia existe gran variedad de entidades estatales, redes y asociaciones encargadas de promover el emprendimiento y la innovación de las MiPyMEs y los pequeños productores, algunas de estas son: Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), siendo el gremio empresarial de las MiPyMEs integrado por empresas del sector industrial manufacturero, agro-industrial, de comercio, y de servicios, entre otros; Fondo Emprender creado por el Gobierno Nacional, el cual tiene como objetivo financiar iniciativas empresariales creadas por aprendices o asociaciones, practicantes universitarios o profesionales; BANCOLDEX, que es el banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior, el cual  financia necesidades de crédito que tengan las empresas con destinaciones para capital de trabajo, inversión fija, consolidación de pasivos y capitalización empresarial; FINAGRO, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario; INNPULSA Colombia, institución creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar y promover iniciativas de negocios; las Cámaras de Comercio de cada ciudad, las cuales lideran proyectos para  fomentar el emprendimiento, el comercio y la creación de empresas de distintos sectores productivos y así consolidar programas de formación exportadora e incursionar en el mercado internacional; y demás iniciativas encaminadas a la promoción del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y la era digital en el país. En igual medida, México incluye una amplia carta de proyectos e incentivos a través de los cuales se promueve el desarrollo de las MiPyMEs y que procuran fomentar las actividades productivas desde los emprendimientos sociales hasta aquellas organizaciones que no tienen acceso directo a la banca comercial, tales como: el Fondo Nacional del Emprendedor, Programa Mujeres PyME, Crédito joven, Nacional Financiera, Fondo PyME, Crédito PyMEX, Crezcamos Juntos, Programas de la Secretaría de Economía, ProMéxico (la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el término de este proyecto), institución que fomentaba el Programa Nacional para el Desarrollo de Redes de Exportación de PyMEs mexicanas, entre otras actividades que desempeñaba. 

Como observamos, ambos países reconocen dentro de sus políticas públicas la inminente necesidad de apoyar el crecimiento y desarrollo de este sector con el fin de brindar beneficios a corto y largo plazo de la mano de los distintos acuerdos comerciales suscritos con sus aliados estratégicos. 

No obstante, resulta complicado empalmar a todos los actores del problema, ya que la mayoría no tiene un concepto idealizado de todo lo que comprende la noción de valor agregado, el cual está proyectado como eje fundamental en cada uno de los fomentos y programas de apoyo; es decir, que a falta de ese conocimiento, aún se manejan métodos de producción tradicionales y ortodoxos que resultan ser altamente ineficientes dificultando forjar una propuesta de valor concreta en una posible operación exportadora. En efecto, se hace necesaria la intervención de entidades que de manera constante y cara a cara, faciliten, sirvan como puente regulador y finalmente proporcionen los recursos primordiales para que este sector fomente de manera directa su competitividad regional y nacional en miras de incursionar en el mercado internacional. 

CASOS DE ÉXITO EN EL SECTOR AGRÍCOLA

A continuación, se ejemplifican 2 modelos a seguir de este tipo de entes interventores, por una parte, está el Centro de Valor Agregado (CVA)  ubicado en el municipio de lagos de Morelos en el estado de Jalisco, México, el cual es considerado “un espacio de desarrollo empresarial que tiene como objetivo apoyar a las PyMES y productores del sector agroalimentario para mejorar y fortalecer sus procesos de transformación; asimismo, entre sus objetivos principales, se fundamentó conocer el potencial del sector agropecuario en la región obteniendo como resultado que Jalisco se encontraba entre los principales productores de leche, huevo, carne de cerdo y pollo, de bayas y diferentes vegetales, entre otros, pero todos ellos eran comercializados como materia prima, sin ningún proceso que les diera valor, de por medio”. Una vez efectuado el estudio de los casos, en la etapa inicial se logró promover el desarrollo de las PyMES del sector agroindustrial aportando  mejores utilidades en las empresas,  optimizando las condiciones de trabajo y generando empleos formales gracias en gran medida al cumplimiento de todos los parámetros ofrecidos en sus servicios de consultoría, al buen manejo de las estrategias proyectadas a la sostenibilidad del Centro y el afianzamiento de  alianzas inteligentes entre diferentes instituciones gubernamentales y entidades tanto públicas como privadas. Finalmente y después de un arduo proceso de integración,  se logró enlazar a las empresas con el recurso humano capacitado, la infraestructura adecuada, los equipos con tecnología de punta necesaria, los canales de acceso al financiamiento, así como con los esquemas de innovación, investigación y desarrollo, que en conjunto crearon un ecosistema adecuado para lograr transformar el producto primario en un producto con valor agregado capaz de satisfacer la demanda del mercado mundial cumpliendo en todo caso con los requerimientos de inocuidad exigidos por el CVA en pro de garantizar los altos estándares de calidad de todas las materias primas que ingresaron para su posterior transformación.

En comparativa con este mecanismo, aterrizamos en el municipio del Retiro ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia, en donde gracias al desarrollo de un proyecto universitario investigativo, se fundó la Alianza Productiva de Aguacate (APROARE SAT), la cual se encargó de llevar a cabo un estudio de zonificación de terrenos productivos con el fin de proveer asistencia técnica en la siembra, producción, cosecha y post cosecha del aguacate, además de la implementación del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades para su cultivo, y prácticas de cuidado y conservación del medio ambiente; esta asistencia logró efectuar un análisis concreto de todos los elementos en común que tenían los productores en cuanto al tipo de terreno, factores climáticos, variedades de insumos y semillas, y demás, obteniendo como resultado un amplio conocimiento de la problemática social y económica que los afectaba en conjunto, de tal manera que se pudo identificar el alto potencial no sólo geográfico, sino también humano que ostentaba la región, llegando a la conclusión de que lo único que necesitaban estos productores era una herramienta útil que les indicara la ruta a seguir y que los orientara hacia la nuevos métodos de producción del campo, de tal forma que todos hablaran el mismo idioma respecto al afianzamiento de sus productos y servicios, y compartieran un nuevo concepto de operaciones agrícolas responsables, sostenibles  y competentes, que además cumpliera con las exigencias de la economía internacional. En una segunda instancia, se logró proporcionar toda la logística exportadora de la cual carecían los pequeños productores de la zona, proporcionándole el valor agregado al Aguacate Hass a través de sus estándares de calidad, empaque y presentación, efectuando entonces un correcto proceso de selección para finalmente realizar la operación exportadora al amplio mercado europeo. Con lo anterior, se pretende orientar a las empresas y a los pequeños productores (indistintamente del sector  en el cual se desarrollen), de la necesidad para consolidar desde las bases de la creación de las unidades económicas, un procedimiento especializado que determine el valor agregado de cada uno de los productos y servicios ofertados con el fin único de asegurar el camino al éxito en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. 

En suma, los retos que deben priorizar los Gobiernos se traducen en la obligación de escuchar atentamente las necesidades que plantean los actores principales de este segmento empresarial, ya que son ellos quienes demandan la mayor atención en los mecanismos de participación y aluden constantemente su inconformidad en cuanto a la falta de información sobre los nuevos mercados y beneficios de los acuerdos comerciales vigentes, así como la ausencia en el acompañamiento para realizar procesos de financiación con el fin de invertir en nuevas tecnologías e innovación. 

Así pues, es evidente que día a día se deben forjar agremiaciones y asociaciones sectoriales para enlazar a las micro, pequeñas y medianas empresas a la actividad exportadora y de esta forma lograr un cambio significativo en la visión que éstas tienen frente a la internacionalización como una estrategia de mercado altamente productivo. 

BIBLIOGRAFÍA

Las citas con los números