Recientemente, hemos escuchado, experimentado y presenciado el inminente ascenso del comercio electrónico como una práctica cada vez más obligada para el comercio en general. El comercio electrónico ha llegado para revolucionar la manera de hacer negocios en todo el mundo. La velocidad del entorno cambiante ha forzado al comercio a incluir con más frecuencia esta modalidad junto con sus ventajas y desventajas, resultando en algunos casos la modalidad más importante en las operaciones diarias.

Piezas claves como son el acceso internet, la digitalización de la cadena de suministro, la inmediatez, innovación constante, competitividad, acceso a mercados extranjeros, cambio de padrones de compra, y el aumento de demanda se han vuelto un factor esencial en este tipo de transacciones, básicamente al tener acceso a un amplio y basto mercado a tan solo un “click” de distancia.

Hemos visto el exponencial crecimiento del comercio electrónico en nuestro país, el cual en 2017 representó el 4.6 de la participación en el producto interno bruto total, esto gracias a la inmediatez y la constante innovación que las herramientas de los medios electrónicos proporcionan. Dicho crecimiento acelerado nos obliga a buscar una regulación única para todos los aspectos involucrados en el comercio electrónico dentro de cada país.

Ahora bien, imaginemos la misma aceleración en un plano internacional y transfronterizo donde la inmediatez y la competitividad serán las claves para el éxito. Es decir, tanto autoridades, empresas, usuarios y consumidores finales se enfrentarán a un reto mucho más grande que implica adaptar un marco legal internacional aplicable al comercio electrónico transfronterizo.

Un panorama global donde las transacciones internacionales de comercio en su mayoría tenderán a ser electrónicas conlleva forzosamente una serie de desafíos para las autoridades y los particulares por igual. Algunos desafíos, como los riesgos en la seguridad y protección, la recaudación eficiente de ingresos, el comercio ilícito, los flujos financieros ilícitos, la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la falsificación, la piratería y el fraude comercial impulsan la existencia de un marco normativo mundial que regule cada uno de los aspectos vulnerables de este tipo operaciones. 

La Aduanas y los organismos reguladores desempeñan un papel clave dentro de la cadena de suministro digital. Por este motivo, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) —un Organismo Internacional dedicado a la cooperación, apoyo y comunicación de los países miembros en materia aduanera— decidió trabajar de forma colaborativa, publicando en agosto 2019, un marco de normas sobre el comercio electrónico transfronterizo (algunas adoptadas desde 2018). Estas sirven de base para que los miembros de la OMA acojan estas normas y prácticas aplicables a este nuevo modelo de negocio electrónico. 

Dentro de los aspectos claves que podemos identificar en este paquete de Normas, podemos destacar los siguientes: 

• Normas relacionadas al uso de datos electrónicos anticipados, teniendo en cuenta las leyes aplicables en temas de competencia (antimonopolio), seguridad de datos, privacidad, protección y propiedad: El comercio electrónico forzosamente propicia el intercambio y uso de datos sensibles como lo son perfiles de usuarios, datos bancarios, direcciones de entrega, salud, seguridad, publicidad, uso de marca, etc. Por lo anterior, las normas reguladoras obligatoriamente deben de incluir el tratamiento del flujo de datos, así como la mecánica de seguridad que se debe seguir en su resguardo.

• Normas relativas a la gestión de riesgo para la facilitación y el control como lo es la identificación de riesgos en los envíos: Los envíos por paquetería cobran vital importancia en el comercio electrónico transfronterizo. El flujo invariable de los envíos, debe de ser regulado, tanto para agilizar los trámites de importación y exportación, como para garantizar la seguridad de dichos envíos. Por lo anterior, las normas reguladoras aplicadas deben incluir lineamientos prácticos que deben de seguirse para facilitar y asegurar los envíos.

• Procedimientos simplificados del despacho para el procesamiento previo a la llegada de la mercancía, y tratamientos de los envíos de devolución: Uno de los principales retos, será establecer procedimientos simplificados para asegurar la inmediatez que caracteriza el servicio. Así mismo, se deberá establecer un procedimiento simplificado para devolución de envíos internacionales.

• Expansión del concepto de Operador Económico Autorizado (OEA) en el comercio electrónico transfronterizo: Considerando la naturaleza de la figura OEA, resulta importante ampliar su concepto e incluir como una modalidad de la certificación a los agentes del comercio electrónico transfronterizo, a fin de otorgar facilidades en la operación y asegurar la cadena de suministro digital. Ello implica no solamente la certificación para empresas de paquetería y mensajería, si no la certificación de los procesadores de datos, plataformas digitales de compra y venta, entre otros.

• Modelos de recaudación de ingresos, que abarquen diversas opciones como lo son el cargo a proveedores, intermediaros, compradores o consumidores: Las Normas de comercio electrónico transfronterizo aplicadas deben incluir el diseño de esquemas fiscales de recaudación para los bienes o servicios comercializados de manera digital. Como es el caso de la prestación de servicios digitales, en países extranjeros a fin de asegurar la correcta recaudación de ingresos.

• Normas relacionadas a la prevención del fraude y del comercio ilícito: La facilidad con la que se maneja la información, puede propiciar fácilmente el fraude y comercio ilícito desde el robo de identidad, adquisición de la cuenta o datos bancarios, tiendas virtuales falsas, piratería, robo de mercancía, entre otros. Por ello, uno de los aspectos más relevantes es la mecánica que pueda utilizarse para prevenir dichos fraudes desde el inicio de la cadena de suministro digital.

Tomando en cuenta lo anterior, el marco normativo propuesto por la OMA implicará un reto en la implementación en nuestro país, sobre todo para todos los agentes involucrados en el comercio electrónico transfronterizo.

Si bien es cierto que hoy en día México regula ciertos aspectos del comercio electrónico mediante distintivas Leyes y regulaciones como aspectos de protección al consumidor en la Ley Federal de Protección al Consumidor, protección de datos personales en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, aspectos relevantes de la operación electrónica en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Salud, la Ley de la Propiedad Industrial, el Código de Comercio, la Norma Mexicana NMX-COE-001-SCFI-2018, entre otras. También es cierto que, todas y cada una de estas regulaciones de manera independiente toman diversos aspectos aislados del comercio electrónico en el país. La trascendencia e importancia que ha adquirido este medio debe no solo estar regulado en un único instrumento independiente que abarque todos los aspectos, sino también que esta misma sea aplicable al plano internacional del comercio electrónico transfronterizo.

En conclusión, es de vital importancia que las normas plasmadas en el marco normativo de la OMA para el comercio electrónico transfronterizo sirvan de base para la implementación de una estrategia legal en nuestro país que establezca bases claras para la operación digital de la cadena de suministro haciendo posible continuar siendo un mercado competitivo y atractivo en lo que respecta al comercio electrónico mundial.