2020 ha sido un año convulso, con muchos cambios y a la vez con diversas expectativas, entre las cuales se encuentra el comercio internacional e inversiones que derivarán de la entrada en vigor del Tratado comercial suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a partir del primero de julio de 2020.

Recordemos, el T-MEC se firmó el 30 de noviembre de 2018. En la etapa final de la negociación y, como resultado de las elecciones presidenciales en México, participó en la misma Jesús Seade Kuri, representante designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. A dicho funcionario, durante 2019 le correspondió negociar con Estados Unidos los cambios a dicho tratado, los cuales se plasmaron en el Protocolo Modificatorio firmado en Palacio Nacional en CDMX el 10 de diciembre pasado y de manera extra urgente, sin conocer las causas de tal rapidez. El Senado mexicano fue el primero en aprobar el mismo dos días después el 12 de diciembre. Durante el primer trimestre de 2020, ambas cámaras de cada uno de los dos países restantes, Estados Unidos y Canadá, aprobaron el tratado con sus modificaciones, junto con leyes nacionales para la implementación del tratado en sus respectivos territorios.

Con base en lo anterior, los representantes del Poder Ejecutivo de los tres países se pusieron de acuerdo para que el T-MEC entre en vigor el primero de julio de 2020, razón por la cual los funcionarios públicos han trabajado diversos documentos, entre ellos, las Reglamentaciones Uniformes, el procedimiento escalonado para el cumplimiento de la Reglas de Origen en el sector automotriz, las Reglas de Procedimiento de los capítulos de solución de controversias entre Estados (Capítulo 31), de respuesta rápida en materia laboral (Anexos 31-A y 31-B) y de cuotas compensatorias (Capítulo 10), así como las Listas de panelistas y el Código de Conducta al cual deberán someterse.

En todo este escenario, no perdamos de vista que el T-MEC establece cambios importantes en el capítulo de inversión. En primer lugar, durante la negociación, Estados Unidos buscaba eliminar el capítulo con la finalidad de no brindar seguridad y certeza jurídica, si las empresas estadounidenses decidieran construir sus fábricas fuera de Estados Unidos, frente a los actos de autoridad de gobiernos extranjeros. En segundo lugar, como resultado de la negociación bilateral de Estados Unidos, primero con México durante agosto de 2018 y después con Canadá en septiembre de ese año, México conservó el Capítulo de Inversión numerado como 14, mientras que Canadá fue excluido del mismo. Lo anterior puede confirmarse con el Anexo 14-D denominado Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos. Además, el Anexo 14-E Solución de Controversias de Inversión México-Estados Unidos relacionadas con Contratos de Gobierno Cubiertos limita a los inversionistas protegidos, a aquellos cuyas inversiones y compañías hayan suscrito contratos con el Gobierno dedicadas a actividades como petróleo, gas natural, generación de energía, servicios de telecomunicación, transporte público, o bien, a la propiedad o administración de infraestructura, tales como caminos, vías ferroviarias, puentes, canales y presas.

No obstante, de conformidad con lo establecido en los párrafos 1 a 3 del Anexo 14-C Transición para Reclamaciones de Inversión y Reclamaciones Pendientes, con respecto a las inversiones existentes, los inversionistas extranjeros podrán someter reclamaciones con base en las reglas establecidas en el Capítulo XI del TLCAN de 1994 hasta en un plazo de tres años, esto es, hasta el 30 de junio de 2023.

Frente al escenario descrito, se suman las políticas adoptadas por el Gobierno Federal de cancelar el nuevo aeropuerto de la CDMX, así como las rondas petroleras, la renegociación con las empresas extranjeras sobre los gasoductos construidos en diversas partes del territorio mexicano; y más recientemente, el conflicto promovido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) sobre la limitación de sus actividades durante la pandemia, el cual involucra las dificultades para obtener permisos y autorizaciones por parte de las empresas dedicadas a los parques eólicos y fotovoltaicos para generar y suministrar energía eléctrica, a los cuales adicionalmente se les impuso un incremento en las tarifas por el uso de la infraestructura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Todo lo anterior conduce a poner en duda si las empresas extranjeras, estadounidenses y canadienses estarán confiadas para invertir en México ante los cambios sin previo aviso de las políticas del Gobierno Federal por que, al final del día, la certeza y seguridad jurídica son aspectos vitales para promover y garantizar la inversión, sea nacional o extranjera. Con las inversiones incluso se logra expandir el empleo, el cual es tan necesario en épocas de crisis.

En relación con la situación económica de México, no perdamos de vista que, desde finales de 2018, el panorama comenzó a cambiar y durante 2019 se agudizó, por un lado, con la salida de capitales y una baja en el Producto Interno Bruto (PIB). Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2018 el PIB fue de 1.5 en el primer trimestre (1T), 3.3 en el 2T, 2.8 en el 3T, 1.3 en el 4T; en 2019: 1.1 en el 1T; -1.1 en el 2T, -0.4 en el 3T, -0.7 en el 4T. Durante 2020, la información disponible es hasta el 1T con -1.4. Así, según los lineamientos económicos, con tres trimestres negativos la situación económica evidencia recesión, México confirmó para finales de 2019 una recesión económica, la cual se extiende a inicios de 2020, se intensifica con motivo de la pandemia, con mayor desempleo y nulo crecimiento económico. Además de la previsión de continuar con importantes afectaciones por largo tiempo más allá del presente año. Tal como lo sucedido con la Gran Depresión de 1929-1934.

Una buena noticia ha sido la contención de los niveles de inflación, según cifras del Banco de México (BANXICO) en junio de 2018 fue de 4.65%, en julio de ese año observó un pico de 4.81% y de ahí mostró una tendencia a la baja. Para diciembre de 2019, registró 2.83, se incrementó en febrero de 2020 a 3.70% y para el primero de abril pasado observó un descenso a 2.15%, probablemente la más baja de los últimos 30 años.  

Por otro lado, se agudizó la situación económica con la baja en los precios del petróleo en los primeros meses de 2020 y se combinó posteriormente con la pandemia y la cuarentena, a la cual se sometieron una gran cantidad de habitantes, a fin de evitar la muerte y limitar las consecuencias de la pandemia, únicamente al ámbito económico.

La pérdida de empleos durante abril y mayo de 2020 ha sido notoria. Por eso la importancia de aprovechar los instrumentos de política comercial al alcance, donde el fortalecimiento en la captación de ingresos juega un papel fundamental, a fin de atender los diversos programas sociales y hacer frente a los grandes proyectos de la 4T, como son, entre otros, el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el Canal Interoceánico. Así, en esa suma de instrumentos se encuentra el T-MEC, pero una vez más, como sucedió hace 26 años con el TLCAN, se atribuye a un tratado comercial una especie de efecto mágico, el cual no tiene, para generar por ejemplo dos millones de empleos en el país. Esto no se logró con el TLCAN y difícilmente sucederá con el T-MEC, porque ahora juegan en el capitulado de este último tratado, disposiciones que controlan o administran de manera restringida el comercio entre las tres naciones, en particular en la relación con Estados Unidos. De este modo tenemos las nuevas reglas de origen para la industria automotriz, el valor de contenido laboral por parte de los trabajadores de los Estados Unidos en la fabricación de autos, camionetas y camiones. Además, se incorporan los capítulos laboral y ambiental (capítulos 23 y 24), los cuales en combinación con lo dispuesto en el capítulo de solución de controversias (capítulo 31) y su Anexo 31-A, permitirán el establecimiento de paneles para la atención de los conflictos, incluidos los paneles de respuesta rápida en materia laboral.

Adicionalmente, en el caso de México, ante la falta de sesiones presenciales del Congreso de la Unión con motivo de la cuarentena, falta la aprobación y publicación de adiciones, modificaciones y expedición de nuevas leyes, entre las cuales se encuentran: de Variedades Vegetales, Derechos de Autor, Propiedad Industrial, Impuestos Generales de Importación y Exportación, Infraestructura de la Calidad y el Decreto Promulgatorio del T-MEC, el cual debe ser firmado por el presidente de la República.

Todo lo anterior busca garantizar a Estados Unidos la reversión de la balanza comercial deficitaria que ha tenido con México durante más de 20 años, es decir, si el comercio se mantiene o se incrementa entre ambas naciones será para asegurar el propósito señalado.