Según el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca las ganancias totales del crimen transnacional organizado (Transnational Criminal Organizations TCOs) se estiman en U$S 6.2 mil millones (billones anglosajones) o alrededor del 10% del Producto Bruto Global. Esta cifra incluye ganancias provenientes de narcóticos, tráfico ilícito de armas de fuego, trata de personas, productos falsificados y pirateados. Para dar otra idea de importe y volumen del tráfico de drogas basta mencionar el testimonio del fiscal federal adjunto Adam Fels en el juicio a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera en enero 2019, quien sostuvo que el acusado había enviado “más de una raya de cocaína para cada persona en Estados Unidos” (328 millones de rayas) en tan solo cuatro de sus envíos. Guzmán fue acusado de “traficar o intentar traficar a EE.UU.” 1.213 toneladas de cocaína que si se ponen en línea recta abarcaría una distancia del viaje en avión más largo del mundo: Nueva York-Singapur, ida y vuelta (30.000 kms);
La Red de Justicia Tributaria publicó el 28/1/2021 su nuevo estudio sobre “Vulnerabilidad y exposición al riesgo de flujos financieros ilícitos (FFI) en América Latina”. Los FFI se definen como el movimiento transfronterizo de efectivo adquirido, transferido o utilizado de manera ilegal. Comprenden flujos de capital de origen ilegal (lavado de dinero clásico, armas, drogas, tráfico de personas, corrupción).
Los FFI afectan las economías, las sociedades, las finanzas públicas y la gobernanza de los países. Se estima que América Latina y el Caribe pierden US $ 43 mil millones anuales debido al abuso fiscal transfronterizo mundial. Según una estimación de Global Financial Integrity, casi 1 billón de dólares de flujos ilícitos se fuga cada año de los países en desarrollo. A pesar del acuerdo mundial en la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la arquitectura internacional sigue siendo totalmente insuficiente para apoyar el progreso.
Estos flujos perpetrados por la delincuencia organizada, en los intersticios del comercio y los viajes lícitos, amenazan la seguridad global y el sistema de Estados-nación de Westfalia está mal equipado para enfrentarlo. Los estados nacionales se rezagan en la lucha contra las organizaciones criminales internacionales. Éstas operan con éxito en el marco de la globalización, tanto dentro como fuera de las brechas que se encuentran entre las jurisdicciones nacionales de aplicación de la ley. En su estrategia en contra de los FFI, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) ha establecido asociaciones con otras organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de un Memorando de Entendimiento firmado en 2016, y también coopera con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), Interpol, Europol y otros organismos.
Pero lo anterior no es suficiente. Lo que sigue lo extraje de un ‘paper’ presentado por Alan Bersin and Lars Karlsson en junio 2017 en Washington DC en oportunidad del seminario “International Summit on Borders” (Cumbre Internacional de Fronteras) a la que fui invitado por su Presidente el ex Comisionado de CBP Robert Bonner. El documento se tituló: “Líneas, flujos y delincuencia transnacional: hacia un enfoque revisado para contrarrestar el inframundo de la globalización.”
“Se requiere una gestión integrada de fronteras, interna y externamente (nacional y regional)
Lo que se requiere es una estrategia de gobierno en su conjunto que utilice y aplique las cinco dimensiones del poder oficial: recopilación y análisis de inteligencia; acción militar; respuesta de las fuerzas del orden público (law enforcement); sanción financiera; y asociación diplomática con autoridades gubernamentales extranjeras. El enfoque militar para identificar y derrotar redes a través de contrarredes puede tener mucho que recomendar a las fuerzas del orden (law enforcement).
Necesitamos crear una línea de defensa global que conecte, de una manera mucho más fluida, los sistemas nacionales con las organizaciones multinacionales. La red resultante debe abordar las vulnerabilidades existentes en la recopilación, el análisis y la difusión de inteligencia; coordinación operativa; regulación de los flujos financieros y de carga; y movimientos transfronterizos de personas, tanto regulares como irregulares:
Una nueva alianza con el sector privado (Authorized Economic Operator AEO 3.0): Los gobiernos nunca lucharán eficazmente por sí mismos contra el crimen organizado transnacional. Necesitamos que todos los participantes en la futura Cadena de suministro global segura (Secure Global Supply Chain – SGSC) se suscriban a un nuevo modelo de colaboración, un Marco Global AEO 3.0 para asociaciones público-privadas”.
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