En México, la impugnación de las actuaciones y resoluciones de las autoridades de la Administración Pública, entre ellas las aduaneras, que afectan los derechos de los particulares, se realiza a través del juicio contencioso administrativo que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En cuanto a la designación de contencioso administrativo, “distintos son los nombres con los que se ha conocido al proceso administrativo, tales como el contencioso administrativo, recurso contencioso administrativo, jurisdicción administrativa, jurisdicción contencioso administrativa, justicia administrativa, fase contenciosa del procedimiento tributario y algunos otros más, sin embargo, se le ha conocido generalmente como el contencioso administrativo.”
En la Nueva España se aplicó el régimen de las Reales Audiencias como instancia para resolver los conflictos administrativos de sus pobladores con las autoridades virreinales y con la primera Constitución Política del México independiente (1824) se previó para la solución de tales controversias el establecimiento de un Consejo de Estado, órgano que, sin embargo, no operó por la convulsión imperante en aquella época, pues muy pronto el régimen político centralista establecido con las Siete Leyes Constitucionales (1836) lo sustituyó con la creación de un Tribunal de Hacienda.
A los pocos años, ese tribunal pretendió ser substituido por la “Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo”, conocida como Ley Lares, (1853) que atribuía las controversias administrativas a un Consejo de Estado (dentro del Poder Ejecutivo) y que tuvo también vida efímera, ya que la Constitución Política de 1857, de trazo liberal, sometió dichas controversias a los tribunales judiciales. Durante esa etapa, destacó el primer Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897 que contempló el sumario judicial de oposición que podría promover el contribuyente inconforme.
En los decenios siguientes a esa Constitución, la práctica y la doctrina mexicana sostuvieron que las controversias administrativas –entre autoridades y particulares– eran competencia de las instancias judiciales con base en la tesis de que los tribunales administrativos resultaban inconstitucionales, por invasión de esferas de competencia y la violación a la división de poderes.
Es a partir de 1920 que se expiden reglamentos administrativos que permitían que la autoridad hacendaria, en la propia sede administrativa, pudiera revisar los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, por ejemplo, en la Junta Revisora del Impuesto sobre la Renta y en el Jurado de Infracciones Fiscales, antecedentes incipientes y todavía carentes de sustento jurídico de la impugnación de las resoluciones de las autoridades tributarias.
En la tercera década del siglo XX se emitieron los primeros ordenamientos legales sobre la materia contenciosa fiscal, como lo fueron la Ley de Justicia Fiscal publicada en el DOF de 31 de agosto de 1936 y en vigor el 1º de enero de 1937, que creó el Tribunal Fiscal de la Federación, juicio que después pasó a regularse por el Código Fiscal de la Federación publicado en el DOF de 31 de diciembre de 1938, en vigor el 1º de enero de 1939.
Asi pues, desde el año de 1937 se estableció la vía jurisdiccional ante un tribunal administrativo para la impugnación de los actos y resoluciones de las autoridades fiscales, hecho que motivó la discusión sobre la constitucionalidad de los tribunales administrativos que fue superada con las reformas constitucionales de 1946 y 1967. Actualmente, el artículo 104 fracción I de la Constitución Política de México consagra el establecimiento y funcionamiento de dichos tribunales, sustento del vigente Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Durante todos estos ochenta y cinco años, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha evolucionado progresiva, positiva y destacadamente para transformarse en un tribunal de competencia amplia en la materia administrativa, amplificando el alcance y efectos de sus sentencias y con las medidas para hacerlas cumplir, convirtiéndolo así en un órgano jurisdiccional con jurisdicción plena, como lo dispone expresamente el artículo 1º de su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 2016, en vigor.
El recuento de las leyes orgánicas que han regido al Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el siguiente.
Su fundación se debe, como ya mencioné a la Ley de Justicia Fiscal publicada el 31 de agosto de 1936 que creó el Tribunal Fiscal de la Federación, la cual fue abrogada por el Código Fiscal de la Federación publicado en el DOF de 31 de diciembre de 1938, en vigor el 1º de enero de 1939, cuyo Título Cuarto, artículos 146 al 204, establecieron y regularon al citado Tribunal, con la particularidad que el primero de sus preceptos estableció que el Tribunal Fiscal “dictara sus fallos en representación del Ejecutivo Federal”, esto es, le atribuyó el carácter de ser un tribunal de “justicia retenida”.
Habiéndose efectuado las reformas constitucionales antes citadas, se promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, publicada el 19 de enero de 1967 en vigor el 1º de abril de ese año, cuyo artículo 1º estableció que este Tribunal “es un tribunal administrativo dotado de plena autonomía, con la organización y las atribuciones que esta ley establece” esto es, el Tribunal felizmente se transformó en un tribunal de “justicia delegada”.
Le siguieron la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación publicada el 2 de febrero de 1978 (cuya novedad principal fue la creación de sus Salas Regionales) y posteriormente, su Ley Orgánica publicada el 15 de diciembre de 1995 que cambió su nombre a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que mantuvo con la Ley Orgánica publicada el 6 de diciembre de 2007.
Actualmente, se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el DOF de 18 de julio de 2016, en vigor al día siguiente, cuyo artículo 1º dispone que tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, que se rige por los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso, además de tener autonomía presupuestal, debiendo ejercer su presupuesto bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia.
Como señalé, el Tribunal ha venido ampliando su competencia para abarcar de manera constante cada vez más materias del ámbito administrativo, y así lo refleja su ley que dispone una larga y extensa enumeración de los actos y resoluciones susceptibles de ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo que se interponga contra las resoluciones definitivas y disposiciones siguientes: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación III. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales V.
Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia X.
Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones XIV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos XV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias XVI.
Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos XVII. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.
Para la eficiente, pronta y justa atención de los numerosos y complejos juicios, todos ellos de alta especialidad, derivados de esa amplia competencia citada en el párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se integra por los siguientes órganos:
Se integra por 16 Magistrados, de éstos 14 ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.
La Sala Superior, a su vez, funcionará en:
El Pleno General se conformará por los 16 Magistrados y entre sus facultades están: I. Elegir al Presidente del Tribunal de entre los Magistrados de la Sala Superior II. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal y enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación III. Aprobar, expedir y modificar el Reglamento Interior del Tribunal IV. Expedir el Estatuto de Carrera V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las tres Secciones VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Titular del Órgano Interno de Control.
El Pleno Jurisdiccional está integrado por el Presidente del Tribunal y por los 10 Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior, y entre sus facultades están las siguientes: I. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal II. Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias de las Salas Regionales y Secciones de Sala Superior, determinando cuál constituirá jurisprudencia III. Resolver los juicios con características especiales, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección.
Las Secciones Primera y Segunda tienen competencia administrativa y fiscal y la Tercera en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, estando integradas las dos primeras por 5 Magistrados y la tercera por 3 Magistrados.
El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para integrarla por la falta de quórum o cuando la Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente.
Entre las facultades de la Primera y Segunda Sección están: I. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias II. Resolver los juicios con características especiales, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección III. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal IV. Resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción;
Entre las facultades de la Tercera Sección están: I. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas II. Fijar jurisprudencia, con la aprobación de cinco precedentes en el mismo sentido no interrumpidos por otro en contrario III. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos IV. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales V. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda VI. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
Esta Junta es el órgano que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional y cuenta con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones y se integra por el Presidente del Tribunal, dos Magistrados de Sala Superior y dos Magistrados de Sala Regional.
La Junta de Gobierno y Administración contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares necesarios y entre sus facultades están: I. Proponer, para aprobación del Pleno General, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal II. Aprobar la formulación del proyecto de presupuesto del Tribunal III. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables IV. Adscribir a las Salas Regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas a los Magistrados Regionales V. Aprobar los nombramientos de los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal VI. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado VII. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos que corresponda VIII. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del Tribunal para sus servidores públicos IX. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros X. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado; XII. Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables XIII. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y disposiciones en dichas materias XIV. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente XV. Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento de los sistemas de justicia en línea y de control de juicios del tribunal para la tramitación de los juicios XVI. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas, así como del Boletín Electrónico y el sistema de control de juicios XVII. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal XVIII. Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión XIX. Determinar el establecimiento de Salas Especializadas, incluyendo su ámbito jurisdiccional, que podrá ser nacional o regional, de conformidad con criterios de racionalidad y de accesibilidad a la justicia.
Será electo por el Pleno General de la Sala Superior en la primera sesión del año siguiente a aquél en que concluya el periodo del Presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para ningún otro periodo. Serán elegibles para ese puesto los Magistrados de Sala Superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado y sus atribuciones son, entre otras, representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo; formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; despachar la correspondencia del Tribunal; convocar a sesiones al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas; someter al conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesarios; ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución; rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones; rendir un informe anual al Senado de la República basado en indicadores en materia de Responsabilidades Administrativas, tomará en consideración las directrices y políticas que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y nombrar al Director del Centro de Estudios.
Las Salas Regionales pueden ser de cuatro clases, atendiendo a diversos criterios para la asignación de sus competencias:
Las Salas Regionales estarán integradas por 3 Magistrados, con jurisdicción en la circunscripción territorial y sede que les sea asignada en el Reglamento Interior del Tribunal o en la Ley. Para estos efectos, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, el cual dispone las siguientes con sus límites territoriales:
I. Noroeste I, que comprende el Estado de Baja California, con dos Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional del Noroeste I” y “Segunda Sala Regional del Noroeste I”, con sede en la Ciudad de Tijuana, Estado de Baja California.
II. Noroeste II, que comprende el Estado de Sonora, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Noroeste II”, con sede en Ciudad Obregón, Estado de Sonora.
III. Noroeste III, que comprende los Estados de Baja California Sur y Sinaloa, con dos Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional del Noroeste III” y “Segunda Sala Regional del Noroeste III”, con sede en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa.
IV. Norte-Centro I, que comprende el Estado de Chihuahua, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Norte-Centro I”, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua.
V. Norte–Centro II, que comprende todo el Estado de Coahuila y los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio del Estado de Durango, con dos Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional del Norte- Centro II” y “Segunda Sala Regional del Norte-Centro II”, ambas con sede en la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila.
VI. Noreste, que comprende el Estado de Nuevo León y los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa del Estado de Tamaulipas, con tres Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional del Noreste”, “Segunda Sala Regional del Noreste”, y “Tercera Sala Regional del Noreste”, todas con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León.
VII. Occidente, que comprende los Estados de Colima, Jalisco y Nayarit, con tres Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional de Occidente”, “Segunda Sala Regional de Occidente” y “Tercera Sala Regional de Occidente”, todas con sede en la Ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco.
VIII. Centro I, que comprende el Estado de Aguascalientes, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Centro I”, con sede en la Ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.
IX. Centro II, que comprende el Estado de Querétaro, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Centro II”, con sede en la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro.
X. Centro III, que comprende algunos municipios del Estado de Guanajuato, con una Sala que se denominará, “Sala Regional del Centro III”, con sede en la Ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato.
XI. Norte-Este del Estado de México que comprende algunos municipios de ese Estado, con dos Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México” y “Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México”, con sede en Tlalnepantla, Estado de México.
XII. Oriente, que comprende el Estado de Puebla, con dos Salas que se denominaran, “Primera Sala Regional de Oriente” y “Segunda Sala Regional de Oriente”, con sede en el municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla.
XIII. Golfo, que comprende el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Golfo”, con sede en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
XIV. Pacífico, que comprende el Estado de Guerrero, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Pacífico”, con sede en la Ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero.
XV. Sureste, que comprende el Estado de Oaxaca, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Sureste”, con sede en la Ciudad de Oaxaca, Estado de Oaxaca.
XVI. Peninsular, que comprende los Estados de Yucatán y Campeche, con una Sala que se denominará “Sala Regional Peninsular”, con sede en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán.
XVII. Metropolitanas, que comprenden la Ciudad de México, con doce Salas que se denominarán, “Primera Sala Regional Metropolitana”, “Segunda Sala Regional Metropolitana”, “Tercera Sala Regional Metropolitana”, “Quinta Sala Regional Metropolitana”, “Sexta Sala Regional Metropolitana”, “Séptima Sala Regional Metropolitana”, “Octava Sala Regional Metropolitana”, “Novena Sala Regional Metropolitana”, “Décima Sala Regional Metropolitana”, “Décimo Primera Sala Regional Metropolitana”, “Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana”, y “Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana”, todas con sede en la Ciudad de México.
XVIII. Golfo-Norte, que comprende el Estado de Tamaulipas, con excepción de los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Ciudad Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa, del propio Estado, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Golfo-Norte”, con sede en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas.
XIX. Chiapas, que comprende el Estado de Chiapas, con una Sala que se denominará “Sala Regional de Chiapas”, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas.
XX. Caribe, que comprende el Estado de Quintana Roo, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Caribe”, con sede en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo.
XXI. Pacífico-Centro, que comprende el Estado de Michoacán, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Pacífico-Centro”, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.
XXII. Norte-Centro III, que comprende el Estado de Durango, con excepción de los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, del propio Estado, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Norte-Centro III”, con sede en la ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango.
XXIII. Norte-Centro IV, que comprende el Estado de Zacatecas, con una Sala que se denominará “Sala Regional del Norte-Centro IV”, con sede en la ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas.
XXIV. Morelos, que comprende el Estado de Morelos, con una Sala que se denominará “Sala Regional de Morelos”, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos.
XXV. San Luis Potosí, que comprende el Estado de San Luis Potosí, con una Sala que se denominará “Sala Regional de San Luis Potosí”, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí.
XXVI. Tabasco, que comprende el Estado de Tabasco, con una Sala que se denominará “Sala Regional de Tabasco”, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.
XXVII. Hidalgo, que comprende el Estado de Hidalgo, con una Sala que se denominará “Sala Regional de Hidalgo” con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo.
XXVIII. Tlaxcala, que comprende el Estado de Tlaxcala, con una Sala que se denominará “Sala Regional de Tlaxcala”, con sede en el Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Estado de Tlaxcala.
XXIX. Sur del Estado de México, que comprende los otros municipios de ese Estado, con una Sala que se denominará “Sala Regional Sur del Estado de México”, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México.
XXX. Centro IV, que comprende los otros municipios del Estado de Guanajuato, con una Sala que se denominará, “Sala Regional del Centro IV”, con sede en el municipio de Silao, Guanajuato.
En cuanto a las Salas Especializadas existen algunas por razón de la materia de la cual derivan las controversias deben conocer, otra caracterizada por el medio electrónico usado para su tramitación y otra por la clase de agravios que solo se pueden hacer valer u oponerse en contra de cierta clase de resoluciones, todas ellas enfocadas en la especialización de la materia o del uso de la tecnología. En la actualidad existen las siguientes:
El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes: I. Magistrados de Sala Superior II. Magistrados de Sala Regional III. Magistrados de Salas Especializadas IV. Magistrados Supernumerarios de Sala Regional V. Secretario General de Acuerdos VI. Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones VII. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior VIII. Secretarios de Acuerdos de Sala Regional IX. Actuarios X. Oficiales Jurisdiccionales XI. Titular del Órgano Interno de Control XII. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares XIII. Director del Centro de Estudios sobre Justicia Administrativa y XIV. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado, todos los cuales serán considerados personal de confianza.
Además, contará con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones y con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia. El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.
Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico. También estarán impedidos para ejercer su profesión bajo cualquier causa.
Los Magistrados serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente y en el caso de los magistrados de la Sala Superior durarán en su encargo 15 años improrrogables, mientras que los de Sala Regional, de Sala Especializada y Supernumerarios durarán en su encargo 10 años, al cabo de los cuales podrán ser ratificados por una sola ocasión para otro periodo igual, excepción hecha de los Magistrados de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas, cuyo nombramiento en ningún caso podrá ser prorrogable.
Los requisitos para ser Magistrado son: I. Ser mexicano por nacimiento II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos III. Ser mayor de treinta y cinco años a la fecha del nombramiento IV. Contar con buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento y VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas.
Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir 75 años.
Los Secretarios de Acuerdos del tribunal son el Secretario General de Acuerdos, los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones, los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior y los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional.
Para ser Secretario de Acuerdos se requiere: I. Ser mexicano II. Ser mayor de veinticinco años III. Contar con reconocida buena conducta IV. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado y V. Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o administrativa.
Es importante señalar que el personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.
Durante dichas vacaciones se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos los días que acuerde el Pleno General del Tribunal.
Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión.
El juicio contencioso administrativo se tramita conforme a diversas modalidades: 1) el juicio en línea 2) en la vía sumaria 3) resolución exclusiva de fondo 4) en la vía ordinaria o tradicional y 5) el juicio de lesividad.
El juicio en línea entró en vigor el 13 de diciembre de 2010 y consiste en el uso de las tecnologías de la información en los procesos jurisdiccionales, llevando a la impartición de la justicia a los nuevos medios que evitan el uso de papel y el traslado físico de las personas a través de actuaciones y diligencias electrónicas a distancia.
Es importante advertir que para el particular es opcional ejercer su derecho a presentar su demanda (como actor) o su contestación a la demanda (como demandado) a través del Sistema de Juicio en Línea o por la vía tradicional, mientras que las autoridades deberán comparecer y tramitar el juicio en línea ya sean demandadas o demandantes.
El juicio en la vía sumaria entró en vigor el 08 de agosto de 2011, y actualmente ya no es optativa, ya que deberá agotarse cuando el monto del asunto no exceda cierta cantidad y no se trate de ciertas excepciones. En efecto, está vía es obligatoria cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de quince veces el salario mínimo general vigente en la ciudad de México elevado al año al momento de su emisión y siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, ó V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.
Como su nombre la califica, la principal diferencia especifica con la vía tradicional u ordinaria es la reducción de los plazos para la realización de los actos procesales y por ende, de la emisión de la sentencia respectiva.
Esta modalidad del juicio contencioso administrativo empezó a funcionar a partir del 30 de junio de 2017, misma que se tramita a petición del actor ante las Salas Regionales Especializadas en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo que deberán observar los principios de oralidad y celeridad.
Únicamente procede en contra de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX del Código Fiscal de la Federación y la cuantía del asunto sea mayor a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, elevada al año, vigente al momento de emisión de la resolución combatida y que el demandante sólo haga conceptos de impugnación sobre el fondo del asunto.
Es el juicio contencioso administrativo general cuyas disposiciones y formalidades generales se aplicarán en caso de que el asunto no se ventile a través de ninguna de las modalidades antes expuestas.
Conforme con las disposiciones legales las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales para lo cual estas últimas tendrán acción para interponer el juicio respectivo, denominado juicio de lesividad para lo cual goza de un plazo de cinco años y en cual el particular tendrá el carácter de parte demandada.
Sus sentencias no solo anulan los actos y resoluciones administrativos sino que también condenan a las autoridades a otorgar beneficios y prestaciones a los particulares exitosos de sus demandas.
La evolución de sus sentencias pasó de limitarse exclusivamente a declarar la nulidad de resoluciones concretas y particulares, después a declarar la nulidad de ordenamientos generales y abstractos, que no sean leyes ni reglamentos y ahora para ordenar a que las autoridades ejecuten ciertas actividades o emitan ciertas resoluciones o actos a favor de los demandantes.
El aumento de atribuciones de las autoridades administrativas y el uso de nuevas tecnologías y programas para la verificación y fiscalización de los particulares ha implicado también el aumento de actos y resoluciones de dichas autoridades que son susceptibles de afectar los derechos de los particulares y, por ello, la ampliación de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que sean susceptibles de ser revisados o impugnados a través del juicio contencioso administrativo. Ello ha tenido por consecuencia el crecimiento de la carga de trabajo de dicho Tribunal el cual ha venido atendiendo eficazmente –los números que se presentan así lo demuestran– para brindar una impartición de justicia administrativa de la manera más pronta y eficaz posible.
La Memoria Anual correspondiente a 2021 informa que en ese año la Sala Superior (Pleno y Secciones) emitió un total de 2,239 sentencias, cantidad ligeramente superior al número de asuntos ingresados en ese año.
Por lo que hace a las Salas Regionales, los ingresos fueron 165,970 casos mientras que los concluidos excedieron esa cifra, ya que ascendieron a 172,640 casos, de los cuales 118,323 lo fueron por sentencia simple de fondo.
De estas sentencias 42,594 fueron dictadas por las Salas Regionales con sede en la Ciudad de México, 15,794 por las Salas Especializadas y 1,714 por las Salas Auxiliares.
En el caso concreto de las tres Salas Especializadas en Comercio Exterior, durante el año 2021 ingresaron 4,831 casos (50% más que 2020) y concluyeron una cifra mayor de 4,969 casos (93% más que 2020).
En medio de la percepción generalizada de la sociedad mexicana de las grandes fallas y vicios de la procuración e impartición de justicia, la actuación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se distingue como un tribunal por excelencia, por la eficiencia, responsabilidad y calidad de su personal jurisdiccional y administrativo y su comportamiento jurídico y ético, virtudes que no solo le permitieron obtener mejores resultados durante la pandemia del COVID-19 en comparación con los años previos, sino que además implementó mejoras sustanciales al Sistema de Juicio en Línea y a las utilidades del Boletín Jurisdiccional, que conllevaron a la reducción significativa de tiempos y costos en la solución de las controversias que le competen.
También se debe remarcar que una cantidad sustancial de las sentencias del Tribunal son aceptadas voluntariamente por las partes y que las impugnadas ante los tribunales judiciales son confirmadas en una proporción muy elevada. Por ejemplo, de las sentencias totales emitidas por las Salas Especializadas en materia de Comercio Exterior, el 31% fueron impugnadas en juicio de amparo o en revisión fiscal y de ellas, solo el 8.5% fueron revocadas.
Estoy convencido que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el primero y el más destacado en su género en Latinoamérica, debe ser motivo de legítimo orgullo de los que participamos, en alguna faceta de nuestra profesión, en la justicia administrativa mexicana, y por ello, motivo de festejo su aniversario 86º.
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