Cuando hablamos del Reporte Especial 301, nos encontramos en el ámbito de la protección a los derechos de propiedad intelectual (DPI), que se traduce en el combate a la piratería y la falsificación; ambos fenómenos son perjudiciales para los consumidores, empresarios y gobiernos. De acuerdo a la INTERPOL, el tráfico de productos ilegales abarca diferentes prácticas, entre ellas:

• alteración
• piratería
• falsificación
• adulteración de productos
• contrabando de productos genuinos
• evasión fiscal

¿Qué es la falsificación de productos?

La Oficina Española de Patentes y Marcas refiere: “La falsificación consiste en la incorporación o reproducción de los elementos esenciales que componen una marca, un diseño o una patente, cuya existencia es evidentemente conocida por el infractor, sin el consentimiento de su titular, en los productos o servicios protegidos por las distintas modalidades de Propiedad Industrial (PI) de forma idéntica o de una forma que no pueda diferenciarse de la original, para la comercialización de los mismos.

Con carácter general, la vulneración de los derechos de Propiedad Industrial comprende aquellos actos ilícitos que suponen tanto la fabricación, comercialización, el ofrecimiento y/o puesta en el comercio, así como la importación y exportación de los productos o servicios objeto de falsificación.”

Adicionalmente, la INTERPOL establece que “el comercio de mercancías falsificadas y pirateadas es un delito transnacional, dirigido por negocios delictivos amplios y complejos.

Existe una clara conexión entre el comercio ilícito y otros tipos de delincuencia, como trata de personas, tráfico de drogas, corrupción, soborno y blanqueo de capitales. El comercio ilícito daña a la economía mundial y a la salud pública en todo el mundo. Todas las regiones del mundo y todos los sectores industriales se encuentran afectados.”

El problema de la falsificación es complejo, pues entre otros factores, interviene el crimen organizado, con todo el peligro que ello implica; para el consumidor en general, la falsificación de productos es un delito que parece no tener consecuencias, pues resulta “inofensivo”; sin embargo, si nos encontramos ante calzado falsificado que ostenta un nombre comercial o logotipo protegido, si hay un daño para el empresario que fabrica el calzado legítimo, pues, para fabricarlo y hacerlo llegar al consumidor final hubo un trabajo de diseño (innovación), compra de insumos, mano de obra, exportación en su caso, pago de impuestos, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, entre otros elementos; mientras que el falsificador solo copió el diseño, con materiales y mano de obra de baja calidad, sin el pago impuestos y obteniendo un producto final que no cumple con los estándares de un producto legítimo.

Vamos a un escenario extremo, cuando el producto falsificado es un alimento, suplemento alimenticio o medicina, encontraremos que estos productos falsificados ponen en riesgo la salud e inclusive la vida del consumidor. Vale la pena que como consumidores reflexionemos y entendamos que los productos falsificados son absolutamente dañinos y bajo ninguna circunstancia los podemos considerar “inofensivos”.

Cuando el producto falsificado es parte de una transacción internacional el problema se traslada a los actores y autoridades del comercio internacional (exportadores, importadores, agentes aduanales, autoridades, transportistas, etc.).

Reporte Especial 301

El Reporte Especial 301 consiste en una revisión anual del estado de la protección y observancia de la propiedad intelectual (PI) de los socios comerciales de los EE. UU. en todo el mundo, es realizado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y su objetivo consiste en “prever el desarrollo de una estrategia general que garantice una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual y un acceso justo y equitativo al mercado para las personas estadounidenses que dependen de la protección de los derechos de propiedad intelectual”.

Puntos a considerar con respecto al Reporte Especial 301:

1. Clasifica a los países en tres niveles: países extranjeros prioritarios, lista de vigilancia prioritaria y lista de vigilancia. Los países extranjeros prioritarios son los países que tienen las deficiencias de derechos de propiedad intelectuales más severas, mientras que la lista de vigilancia prioritaria y los países de la lista de vigilancia son aquellos con deficiencias que los norteamericanos consideran menos severas.

2. Para hacer determinaciones sobre la protección de la propiedad intelectual de un país se consideran factores que incluyen: la fortaleza del marco legal de un país, sus esfuerzos de aplicación y las barreras de acceso al mercado de productos falsificados.

3. Identifica problemas emergentes relacionados con la protección de la PI, incluida la piratería en línea, el robo de secreto comercial y la falsificación de los productos farmacéuticos.

4. Destaca los pasos positivos que los países han tomado para mejorar su protección y aplicación de los DPI.

México

En el primer reporte emitido en 1989, México apareció en la lista negra; posteriormente fue borrado y en 1999 se le incluyó brevemente en la lista de vigilancia, desde el 2003 hasta la fecha ha aparecido ininterrumpidamente en la denominada Watch List.

De acuerdo al reporte vigente, México permaneció en la Lista de Vigilancia en 2024. Estados Unidos continúa colaborando con México e insta a México a implementar plenamente el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) y a abordar la protección de la propiedad intelectual (PI) relacionada con productos farmacéuticos, daños preestablecidos por infracción de derechos de autor y falsificación de marcas, y observancia de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital. Estados Unidos continúa monitoreando los compromisos pendientes de México en el T-MEC, incluidos aquellos con períodos de transición que finalizan en 2024 y 2025.

Como parte de sus compromisos en materia de propiedad intelectual en el marco del T-MEC, México emprendió importantes reformas legislativas, con modificaciones a su Ley de Derecho de Autor y a su Código Penal, y la aprobación de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial de 2020. Desafortunadamente, México aún no ha emitido reglamentos de implementación para las modificaciones a la Ley de Derecho de Autor o la Ley de Propiedad Industrial, lo que ha creado incertidumbre para los sectores creativos e innovadores que buscan proteger y hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual. Además, las partes interesadas continúan informando que las autoridades mexicanas no están haciendo cumplir ciertas disposiciones de la Ley de Derecho de Autor.

En materia de falsificación, en México se sigue presentando la importación, fabricación, venta, distribución, reexportación y transbordo generalizados de productos falsificados. La prevalencia de productos falsificados en famosos mercados físicos sigue siendo un problema importante, exacerbado por la participación de organizaciones criminales transnacionales. En el pasado, las autoridades mexicanas llevaron a cabo importantes redadas de vigilancia de la propiedad intelectual contra mercados incluidos en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería (Lista de Mercados Notorios), como el Mercado San Juan de Dios y Tepito, pero esta actividad de vigilancia parece haber cesado en los últimos años. Si bien las acciones administrativas contra los falsificadores a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) siguen siendo efectivas, son muy limitadas debido a los recortes presupuestarios y de personal. En cuanto a la fiscalización en frontera, la efectividad de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) es limitada debido a su incapacidad para tomar determinaciones, incautar o destruir las mercancías falsificadas sin una orden del IMPI o de la Fiscalía General de la República (FGR). Las partes interesadas también continúan planteando cuestiones relacionadas con las solicitudes y registros de marcas de mala fe.

Algunos apuntes

De acuerdo a lo referido en el Reporte Especial 301, nuestro país hace un esfuerzo por combatir la falsificación de marcas; sin embargo, esa labor no resulta suficiente y así es señalado por nuestros socios comerciales.

La experiencia en el combate a la piratería y la falsificación a nivel internacional requiere de un marco legal robusto, una adecuada coordinación interinstitucional (FGR, IMPI, ANAM y SAT) y la colaboración permanente del sector privado; hace algunos años, gracias a esa coordinación y al apoyo del gobierno americano, en el año 2009 el SAT obtuvo el premio Yolanda Benitez que otorga la Organización Mundial de Aduanas (OMA) por sus resultados en materia al combate a la piratería y la falsificación en las Aduanas de nuestro país, lo cual nos permite afirmar que si hay forma de combatir a la piratería y la falsificación y que se pueden dar muy buenos resultados trabajando en equipo, con una visión integral del problema que representan la piratería y la falsificación.

Otro elemento que se ha perdido en el tiempo es el Acuerdo Nacional contra la Piratería, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007, cuyo nombre completo es: ACUERDO Nacional Contra la Piratería celebrado entre la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Educación Pública; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; el Instituto Nacional del Derecho de Autor; el Gobierno del Estado de Sinaloa y diversos representantes del Sector Privado, con la participación del titular de Ejecutivo Federal como testigo de honor, suscrito el día 15 de junio de 2006 y cuyo objetivo consistía en desarrollar estrategias permanentes y sustentables en las que concurran los sectores público y privado para la defensa del derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial que permitan erradicar la comisión de ilícitos en estas materias y que tiendan a recuperar el mercado perdido por virtud de dichos ilícitos.

Queda claro que si bien, el espíritu de dicho Acuerdo se mantiene intacto, es un hecho que a 17 años de su publicación se requiere considerar si vale la pena retomar ese Acuerdo y mejorarlo, tomando en cuenta el impacto de los avances tecnológicos, la injerencia cada vez más evidente del crimen organizado y la necesidad de que las autoridades dispongan de información anticipada de las operaciones de comercio internacional, así como el trabajo conjunto entre autoridades y el sector privado, entre otros factores.

Recordemos que en México las autoridades competentes para la protección de los derechos de propiedad intelectual son el IMPI y la FGR, correspondiéndole al SAT y la ANAM el papel de coadyuvantes en el combate a la falsificación y la piratería ya sea en el ejercicio de facultades de comprobación o durante el despacho aduanero; mientras que en EUA las autoridades aduaneras tienen facultades de oficio en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual; lo anterior hace que las estrategias para abordar este problema sea muy diferente para ambos países y en consecuencia se requiere una colaboración más estrecha entre las autoridades.

La implementación de nuevas tecnologías en el ámbito del comercio internacional es otro factor a considerar, citando por ejemplo inteligencia artificial, robótica, cadena de bloques, aunado a la información anticipada y el intercambio de información entre autoridades; lo que permitiría una mejor coordinación y resultados más certeros en las acciones que implementan las autoridades para inhibir estas prácticas.

La protección a los derechos de propiedad intelectual resultan indispensables para nuestro país, considerando que necesitamos fomentar el desarrollo de talento y la creatividad, así como el desarrollo de proveedores nacionales y una planta productiva robusta de cara a las expectativas que está generando el nearshoring; desde mi punto de vista el Reporte Especial 301 debe ser tomado como un aliciente para que nuestro país mejore su estrategia en el combate a la piratería y la falsificación; en la medida en que se logren coordinar de una manera eficiente los esfuerzos, se conozcan las mejores prácticas a nivel internacional, se reconozcan las áreas de oportunidad y se implementen estrategias basadas en estos elementos, junto con el uso de nuevas tecnologías, nuestro país estará en posibilidades de mejorar su desempeño en el combate a estas prácticas; lo anterior tendría como consecuencia una mejora en su posición dentro de los países que son calificados dentro del Reporte Especial 301.