
Reforma aduanera genera nuevos retos para la competitividad logística de México
A seis meses de la entrada en vigor de la nueva Ley Aduanera, representantes del sector logístico advierten que las modificaciones regulatorias han incrementado la
Las recientes modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026 introducen un esquema de supervisión más amplio por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Los cambios buscan fortalecer la verificación de las operaciones de comercio exterior y comprobar que las empresas que participan en actividades de importación cuenten con una estructura operativa real.
Uno de los principales ajustes se encuentra en el expediente electrónico que los importadores deben integrar para operar mediante agentes aduanales. A partir de ahora, la autoridad podrá requerir mayor evidencia sobre la actividad económica de las empresas, incluyendo información relacionada con instalaciones, personal, maquinaria, vehículos, proveedores y otros elementos que acrediten la capacidad operativa del contribuyente.
La Regla 1.4.14 incorpora nuevas obligaciones documentales y declaraciones bajo protesta de decir verdad, mediante las cuales las empresas deberán acreditar que desarrollan actividades comerciales efectivas y cuentan con los recursos necesarios para realizarlas.
Entre los documentos y evidencias que podrán ser solicitados destacan:
Asimismo, las autoridades reforzarán la revisión de contribuyentes relacionados con los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, disposiciones asociadas con operaciones simuladas, emisión de comprobantes sin sustancia económica y esquemas indebidos de aprovechamiento fiscal.
Este nuevo entorno también modifica el papel de los agentes aduanales. Tradicionalmente, su participación se concentraba en aspectos técnicos como la clasificación arancelaria, el valor en aduana y el cumplimiento documental de las mercancías. Sin embargo, las nuevas reglas los involucran de manera más estrecha en la validación de información relacionada con la actividad económica de los importadores.
Ante este escenario, diversas empresas y firmas especializadas han iniciado procesos de revisión interna para fortalecer sus controles documentales. Entre los aspectos que están siendo evaluados se encuentran:
La estrategia de fiscalización responde, en parte, a la creciente preocupación de las autoridades por combatir empresas fachada y operaciones sin sustancia económica. Durante los últimos años, las revisiones se han concentrado especialmente en sectores vinculados con programas IMMEX, cadenas globales de suministro y operaciones de importación de alto volumen.
Por otra parte, la Regla 1.5.1 relativa a la Manifestación de Valor incorpora ajustes que permiten, en determinados casos, eximir la transmisión electrónica de este documento. No obstante, la autoridad conserva la facultad de requerir la información correspondiente durante procedimientos de comprobación posteriores.
También se realizaron adecuaciones para empresas que operan bajo el régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico, particularmente en relación con mercancías incluidas en el Anexo 29. Algunos sectores estratégicos, como el automotriz y de autopartes que participan en programas PROSEC, mantienen beneficios específicos debido a su relevancia dentro del comercio exterior mexicano.
Otro componente relevante de la nueva estrategia de supervisión es el uso intensivo de herramientas digitales para el cruce de información. Las autoridades pueden integrar datos provenientes de:
Este análisis permite identificar inconsistencias entre la capacidad operativa declarada por una empresa y el volumen de sus operaciones comerciales.
Sectores como acero, textiles, electrónicos, hidrocarburos y mercancías provenientes de Asia continúan siendo objeto de una vigilancia especial debido al crecimiento observado en sus operaciones y a los hallazgos detectados en auditorías recientes.
En conjunto, las modificaciones a las RGCE 2026 reflejan una política orientada a verificar que las empresas involucradas en comercio exterior cuenten con presencia física, recursos suficientes y operaciones comprobables, fortaleciendo así los mecanismos de control y fiscalización en las aduanas mexicanas.
FUENTE: STAFF

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