En comercio exterior, las palabras importan. No es lo mismo revisar que romper.
Tampoco es igual negociar ajustes para mejorar un tratado que imponer unilateralmente nuevas condiciones al comercio entre países que ya acordaron reglas, obligaciones y mecanismos para resolver sus diferencias.
Por eso, ante la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuestro país debe actuar con serenidad, conocimiento técnico y firmeza.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y su artículo 34.7 estableció un mecanismo de revisión conjunta a los 6 años. El propio tratado dispone que su vigencia es de 16 años, salvo que los tres países confirmen su intención de extenderla, y prevé revisiones periódicas cuando no exista ese acuerdo inmediato.
Por lo tanto, revisar no significa cancelar automáticamente el tratado ni perder de un día para otro sus beneficios comerciales.
Sin embargo, sería un error minimizar el momento.
La revisión ocurre en un contexto de mayor proteccionismo, disputas sectoriales y utilización creciente de los aranceles como instrumentos de presión económica y política. Las conversaciones recientes entre México y Estados Unidos han abordado asuntos sensibles como el sector automotriz, el acero, el aluminio, la agricultura, los temas laborales, los servicios y la seguridad económica. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha pedido preservar el carácter trilateral del acuerdo y ofrecer certidumbre a las empresas de América del Norte.
México debe negociar con disposición, pero no desde la vulnerabilidad.
El tratado puede modernizarse.
Es posible mejorar la facilitación comercial, los procedimientos aduaneros, la infraestructura fronteriza, la cooperación regulatoria, la digitalización y la participación de las pequeñas empresas. Lo que no puede aceptarse es que la revisión sea utilizada para sustituir las reglas pactadas por decisiones unilaterales.
La verdadera prueba llegará si Estados Unidos impone un nuevo arancel a productos mexicanos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC y que, por ello, deberían recibir el trato preferencial establecido en el acuerdo.
En ese escenario, México no está indefenso.
El primer paso debe ser determinar con precisión la naturaleza y el fundamento jurídico de la medida. No es lo mismo un arancel general que una cuota compensatoria derivada de una investigación antidumping, una medida contra subsidios, una salvaguarda o una restricción sustentada por Estados Unidos en razones de seguridad nacional.
Cada figura tiene procedimientos, requisitos y medios de defensa distintos.
Cuando una medida pueda constituir un incumplimiento del T-MEC, México puede solicitar consultas formales bajo el Capítulo 31. Si esas consultas no resuelven la diferencia, nuestro país puede pedir el establecimiento de un panel independiente. El sistema fue diseñado para evitar que una parte pueda bloquear indefinidamente la integración del panel una vez presentada la solicitud correspondiente.
Si el panel determina que la medida estadounidense es incompatible con el tratado, las partes deben buscar una solución. Pero si el incumplimiento no se corrige y no existe acuerdo sobre una compensación, la parte reclamante puede suspender beneficios comerciales de efecto equivalente hasta que se alcance una solución.
En términos prácticos, México podría imponer contramedidas proporcionales sobre productos estadounidenses. No se trataría de una reacción improvisada ni de una represalia política, sino del ejercicio de un derecho previsto expresamente en el artículo 31.19 del propio T-MEC.
Esto no significa responder automáticamente a cada arancel con otro arancel.
Las contramedidas deben ser estratégicas, proporcionales y cuidadosamente seleccionadas. Una respuesta mal diseñada puede terminar elevando los costos de insumos que necesitan las empresas mexicanas, perjudicando a los consumidores o afectando cadenas productivas nacionales.
Antes de aplicarlas, México debe identificar qué sectores estadounidenses tienen mayor capacidad de interlocución política, qué productos pueden sustituirse mediante proveedores nacionales o de otros mercados y cuáles medidas ejercerían presión sin ocasionar un daño mayor a nuestra propia economía.
También será indispensable analizar las excepciones que pueda invocar Estados Unidos.
La experiencia internacional demuestra que las medidas justificadas bajo argumentos de seguridad nacional generan disputas jurídicas complejas. La Organización Mundial del Comercio ha reconocido que esas excepciones no necesariamente quedan fuera de cualquier revisión, aunque Estados Unidos ha sostenido históricamente una interpretación más amplia de su facultad para invocarlas.
México debe mantener abierta también la vía multilateral ante la OMC cuando resulte jurídicamente conveniente. Sin embargo, debido a las limitaciones actuales del sistema multilateral de solución de controversias, el Capítulo 31 del T-MEC puede ofrecer una ruta más directa para defender obligaciones específicamente pactadas por los tres países.
La defensa mexicana tampoco puede quedarse únicamente en los tribunales y paneles.
México necesita una estrategia diplomática y empresarial dentro de Estados Unidos. Debemos dialogar con gobernadores, legisladores, cámaras de comercio, agricultores, fabricantes, importadores, distribuidores, transportistas y consumidores estadounidenses que también pagan el costo de los aranceles.
Una barrera contra México no afecta únicamente al exportador mexicano. También encarece insumos para las fábricas estadounidenses, altera cadenas logísticas, reduce opciones para los consumidores y perjudica a empresas que han construido sus modelos de negocio sobre la integración regional.
Nuestro país debe documentar esos efectos estado por estado y distrito por distrito. La relación comercial con Estados Unidos no se defiende solamente en Washington; también se defiende en Texas, California, Arizona, Michigan, Illinois y en todas las comunidades cuyos empleos dependen del intercambio con México.
Además, debemos proteger a nuestras empresas mientras se resuelve cualquier controversia. Esto implica establecer canales inmediatos de orientación, identificar los sectores más expuestos, facilitar financiamiento y garantías, fortalecer proveedores nacionales, diversificar mercados y evitar que las micro y pequeñas empresas enfrenten solas el costo de una medida externa.
La revisión del T-MEC no puede concentrarse exclusivamente en las grandes industrias.
Detrás de cada exportación existen transportistas, agencias aduanales, almacenes, aseguradoras, hoteles, restaurantes, proveedores tecnológicos y miles de negocios familiares. Alguien fabrica el producto, pero muchos más participan para que llegue a su destino.
México debe combinar cuatro herramientas: negociación política, defensa jurídica, diplomacia empresarial y fortalecimiento interno.
La prudencia puede ser una estrategia. La pasividad nunca lo es.
Defender el T-MEC no significa negarse a modernizarlo. Significa impedir que las reglas sean reemplazadas por decisiones unilaterales y hacer valer los mecanismos que los tres países aceptaron.
El T-MEC enfrenta su mayor prueba. México debe responder con unidad, inteligencia y firmeza; dispuesto a mejorar lo que sea necesario, pero preparado para defender lo que ya fue pactado.
Porque los tratados existen precisamente para dar certidumbre cuando surgen las diferencias.
El T-MEC se revisa, se moderniza y se fortalece. No se rompe.
