La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este domingo que ha enviado al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución para prohibir la siembra del maíz transgénico en el país.

Un mes después de que un panel concluyera que la decisión de México de prohibir la importación de maíz genéticamente modificado violaba el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Sheinbaum buscó centrarse en vetar el cultivo de ese tipo de cereal.

“El día de hoy, aquí en Puerto Escondido (Oaxaca), quiero informarles que ya fue enviada al Congreso de la Unión la reforma constitucional para la protección de nuestro maíz”, señaló la mandataria en un mensaje en redes sociales.

La gobernante mexicana, quien realiza una gira por el sureño estado de Oaxaca, señaló que la reforma busca modificar los artículos 4 y 27 de la Constitución que establecen al maíz como elemento de identidad nacional y al mismo tiempo, que se prohíba que se siembre maíz transgénico.

“Sin maíz, no hay país. El maíz, sus 59 razas que hasta ahora se han encontrado, son elementos fundamentales de nuestro país, de nuestra historia, de nuestro pueblo. Fue creado aquí, en Mesoamérica”, enfatizó.

Por ello, dijo, con esta iniciativa se busca proteger a este producto en México.

La reforma se propone tras revelarse en diciembre pasado el informe final del grupo conformado por tres especialistas del T-MEC que concluyó que las medidas implementadas por México para prohibir la importación de maíz genéticamente modificado no cumplen con los estándares internacionales y científicos requeridos por el tratado.

El Gobierno mexicano ha prometido que acatará la resolución, resultado de una controversia que inició Estados Unidos y a la que se sumó Canadá, al impugnar dos aspectos del decreto mexicano sobre la restricción del glifosato y maíz transgénico de 2023.

La disputa giró desde entonces alrededor de las medidas del Gobierno mexicano que prohíben el uso de maíz transgénico para consumo humano y establecen una gradual sustitución.

Según el panel, estas medidas no se basan en una evaluación de riesgos adecuada ni en la evidencia científica necesaria, lo que constituye una violación de los principios del T-MEC, que requieren políticas comerciales basadas en la ciencia.

Conforme a las reglas del tratado, México tenía un plazo de 45 días, a partir del 20 de diciembre, para cumplir con el fallo y adecuar sus medidas de acuerdo con las conclusiones del panel.

No obstante, esta resolución solo emite un criterio sobre un decreto publicado en 2023, pero no impide que México reforme su Constitución.

Esta semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó un decreto que declara a la capital del país como “territorio libre” de maíz transgénico o genéticamente modificado.

FUENTE: EFE