El anuncio este jueves de los primeros sancionados por la última Orden Ejecutiva estadounidense contra Cuba ha generado preocupación e incertidumbre entre las empresas internacionales que operan en la isla.

¿Quiénes son los sancionados? ¿Por qué? ¿Qué dice la Orden Ejecutiva 14404? ¿Qué consecuencias prevé para los infractores? ¿A quiénes más podría afectar? Estas son las claves del último movimiento de Washington en su creciente presión para ahogar a Cuba y forzarla a aplicar reformas económicas y políticas.

¿Quiénes son los sancionados?
El conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, fueron -de forma muy simbólica- los dos primeros nombres de la nueva lista de sancionados.

Según los expertos, Gaesa controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba, con un amplio portafolio de intereses que va desde los hoteles a las telecomunicaciones, pasando por la distribución minorista en dólares, la venta de combustible, las aduanas, el sector inmobiliario, la logística y el transporte de pasajeros, entre otros.

Pese a su volumen de negocio y ser estatal, Gaesa no publica resultados empresariales y no es auditada por la Contraloría General, según confirmó a EFE este órgano público.

También ha sido sancionada la empresa estatal Moa Nickel SA, que explota los yacimientos de níquel y cobalto de la isla, que se estiman entre los 10 mayores del mundo, según diversos estudios.

El Gobierno cubano estableció hace décadas una empresa mixta con la minera canadiense Sherritt para explotar estos yacimientos, pero este jueves la compañía anunció por sorpresa la suspensión inmediata de su actividad en la isla debido al riesgo derivado de las nuevas sanciones de EE.UU.

¿Qué dice la Orden Ejecutiva 14404?
Este 1 de mayo el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que amenaza con congelar los activos en su territorio de todas las personas o entidades no estadounidenses que trabajen o hayan trabajado para el Gobierno cubano, o de quienes estén implicados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción en la isla.

Pero va mucho más allá, porque también amenaza a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas, la minería y la seguridad.

El Gobierno cubano ha criticado frontalmente esta nueva medida de EE.UU. Su canciller, Bruno Rodríguez, las calificó de “crímenes internacionales” y “genocidas”, y denunció que su carácter extraterritorial agrede “la soberanía de otros estados”.

¿Qué persigue la Orden Ejecutiva?

El abogado cubanoamericano Pedro Freyre, socio del bufete Akerman y especializado en litigios relacionados con Cuba, explica a EFE que “parece que la Orden Ejecutiva está orientada a lograr un efecto disuasorio amplio para en la práctica cualquier entidad o persona, particularmente no estadounidenses, que interactúe con Cuba”.

A su juicio, es “una vuelta de tuerca incremental para presionar al Gobierno cubano”. “Más que una bazuca, es un enjambre de drones que busca abrumar a su objetivo”, destaca.

En este punto coincide con el presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, el estadounidense John Kavulich, quien estima que las decisiones de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, con respecto a Cuba encajan mejor en el “gradualismo” que en estrategias de “conmoción y pavor”.

¿A quiénes puede afectar?
En la isla operan otras empresas internacionales, tanto de manera individual como bajo la fórmula de las empresas mixtas, esto es, con un socio estatal cubano. Entre ellas destacan por número las españolas, mexicanas, rusas, chinas, francesas e italianas.

Según la letra de la Orden Ejecutiva, las más sensibles a las sanciones serían las que operan en sectores como la energía, la defensa, las finanzas, la minería y la seguridad.

No obstante, los expertos destacan que la ambigüedad empleada en la definición de los sancionables abre la puerta a una mayor discrecionalidad en la aplicación de sanciones, incluso a algunas sin presencia física en la isla.

FUENTE: EFE