Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de inversión en México, el Ejecutivo federal presentó una iniciativa para crear un nuevo marco jurídico que regule la participación conjunta de capital público, privado y social en proyectos de infraestructura estratégica.
La propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, plantea la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, la cual busca estructurar mecanismos más eficientes para detonar proyectos prioritarios mediante esquemas de inversión mixta.
Este nuevo ordenamiento pretende dar certidumbre al plan de infraestructura 2026-2030, que contempla una movilización de recursos sin precedentes para sectores clave como energía, transporte, logística, agua, salud y desarrollo urbano.
Entre los elementos centrales de la iniciativa destaca la creación de vehículos de inversión y coinversión que permitirán canalizar recursos de manera coordinada entre los distintos sectores, así como la regulación de contratos específicos para proyectos estratégicos.
Asimismo, se propone la conformación de un Consejo de Planeación Estratégica, encargado de definir lineamientos técnicos, evaluar proyectos y orientar la política de inversión en infraestructura, consolidando la rectoría del Estado en este tipo de desarrollos.
El esquema también contempla flexibilidad en la participación del sector público dentro de los proyectos, permitiendo configuraciones mayoritarias, minoritarias o compartidas, según la viabilidad financiera y estratégica de cada iniciativa.
Adicionalmente, el gobierno federal podrá implementar incentivos fiscales como herramienta para atraer capital y acelerar la ejecución de proyectos, reforzando así la competitividad del país en materia de inversión.
La iniciativa reconoce que los marcos actuales no cubren integralmente las necesidades de financiamiento e implementación de infraestructura moderna, por lo que busca cerrar estas brechas y habilitar modelos más dinámicos de colaboración.
En conjunto, esta propuesta apunta a consolidar un entorno más atractivo para la inversión productiva, reducir riesgos regulatorios y fomentar el desarrollo de infraestructura con impacto económico y social a largo plazo.
FUENTE: STAFF
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