Hay decisiones que parecen de seguridad, pero en realidad son económicas. Combatir la extorsión es una de ellas. En México, millones de negocios, la mayoría familiares, operan en un margen estrecho y viven del flujo diario, del inventario que rota, del cliente que regresa. Cuando aparece la extorsión, no solo irrumpe un delito, sino que se altera la ecuación completa de la operación, se ajustan horarios, se reducen rutas, se frena la inversión. La economía comienza a encogerse desde lo local.

Por eso el debate no debe quedarse en el impacto inmediato de un evento violento, sino en el costo acumulado de la presión delictiva. Las estimaciones preliminares de afectaciones recientes hablan de pérdidas entre 1,500 y 2,000 millones de pesos, con impacto en cerca de un millón de establecimientos y en alrededor de 4.8 millones de personas vinculadas al empleo. No es una cifra aislada: es un recordatorio de lo vulnerable que puede ser la economía cotidiana.

Más profundo aún es el costo estructural. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas muestra que el costo total de la inseguridad y el delito para las unidades económicas asciende a 124,300 millones de pesos, donde el 54% corresponde a gasto preventivo y el 46% a pérdidas directas. En otras palabras, miles de empresas están destinando recursos para blindarse y no para crecer.

Este fenómeno tiene un efecto silencioso pero persistente porque erosiona la competitividad. Cada peso destinado a la protección es un peso que no se invierte en capacitación, tecnología o expansión. Cada negocio que decide no abrir una nueva sucursal por miedo es una oportunidad de empleo que se pierde.

La extorsión es particularmente dañina porque opera como un “impuesto criminal” directo sobre la actividad productiva. Entre una cuarta parte y un tercio de los delitos reportados por empresas están vinculados a este fenómeno, y su efecto psicológico es tan potente como su efecto financiero: instala incertidumbre.

Si las estrategias actuales logran reducir entre el 10% y el 20% la incidencia de estos delitos, el impacto económico podría rondar los 18,000 millones de pesos anuales. Pero más importante que el número es el mensaje: cuando disminuye la presión delictiva, aumenta la libertad de emprender.

El combate a la extorsión no es solo una tarea de seguridad pública, es una política de desarrollo económico. Requiere coordinación sostenida, presencia territorial y seguimiento verificable. También requiere que el sector productivo participe activamente en prevención y denuncia.

En un entorno global incierto, México no puede darse el lujo de añadir incertidumbre interna. La estabilidad democrática, las reformas bien diseñadas y el impulso al consumo local son importantes, pero nada sustituye la base: seguridad para trabajar.

La economía no florece donde hay miedo, florece donde hay reglas claras, presencia institucional y confianza. Combatir la extorsión es, en el fondo, una decisión entre crecimiento o estancamiento. Y esa decisión no admite demora.

FUENTE: Octavio de la Torre
Presidente de la CONCANACO SERVYTUR