En México solemos medir la seguridad en estadísticas. Pero para el comercio, la seguridad no es un dato: es la posibilidad de abrir la cortina cada mañana sin miedo. Es la continuidad económica de un negocio familiar. Es el empleo que depende de esa operación diaria.

Por eso la pregunta no es retórica: ¿cuánto vale combatir la extorsión?

En días recientes, desde el sector comercio, servicios y turismo hemos planteado que la discusión debe darse con responsabilidad y visión de Estado. No se trata de especular ni de amplificar el temor, sino de respaldar la coordinación institucional y exigir resultados medibles en territorio. Cuando la presencia del Estado se sostiene y se coordina, la economía se estabiliza. Cuando se debilita, la incertidumbre se traduce en menor inversión y menor contratación.

Las estimaciones preliminares sobre eventos recientes ubican pérdidas entre 1,500 y 2,000 millones de pesos, con impacto en cerca de un millón de establecimientos y alrededor de 4.8 millones de personas vinculadas al empleo. Detrás de cada cifra hay familias. Cada cortina abierta es confianza; cada cortina cerrada es economía detenida.

Pero el costo más profundo es estructural. De acuerdo con la ENVE-INEGI, el costo total de la inseguridad y el delito para las unidades económicas alcanzó 124,300 millones de pesos; 54% corresponde a gasto preventivo y 46% a pérdidas directas. Es decir, aun cuando no hay un incidente visible, miles de negocios destinan recursos a protegerse en lugar de invertir en crecer.

La extorsión es la forma más directa de presión sobre la operación cotidiana. Obliga a ajustar horarios, reducir inventarios, cancelar rutas, frenar inversiones. Entre 25% y 30% de los delitos reportados por empresas se asocian a este delito. Cuando la extorsión baja, aumenta la libertad de emprender.

Si las estrategias actuales logran debilitar estructuras delictivas, una reducción de 10% a 20% en estos delitos podría representar del orden de 18 mil millones de pesos anuales. Más que el porcentaje del PIB, lo relevante es el efecto multiplicador: más negocios abiertos, más empleos sostenidos, más consumo local.

Combatir la extorsión no es solo una política de seguridad; es una política de crecimiento. La certidumbre democrática, la transición ordenada en reformas laborales y electorales, y programas que fortalecen el consumo local son piezas complementarias. Pero ninguna sustituye la condición básica: seguridad para trabajar.

FUENTE: Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente de Concanaco Servytur