Lejos de ser un periodo de estabilidad, el 2026 se perfila como un año de reconfiguración profunda para el ecosistema de negocios en México. La proximidad de la revisión del T-MEC el 1 de julio ha acelerado una maquinaria legislativa que busca blindar la postura del país, pero que al mismo tiempo inyecta dosis considerables de incertidumbre operativa. Esta transformación no es menor: desde ajustes a la Ley Aduanera hasta el incremento estratégico de aranceles a naciones sin tratados comerciales —como China—, el mensaje del gobierno es claro: la soberanía institucional y la alineación con los nuevos estándares norteamericanos son la prioridad absoluta.

En el corazón de esta metamorfosis se encuentran tres pilares que cambiarán la forma de operar de cualquier empresa en territorio nacional. Primero, la reforma laboral hacia la jornada de 40 horas se presenta como el desafío más inmediato. Al plantear una reducción gradual hacia 2030 sin tocar los salarios, las organizaciones se verán obligadas a repensar sus estructuras de costos, recurriendo inevitablemente a la automatización de procesos o a la contratación de turnos dobles para mantener la productividad. Esta medida, impulsada por la mayoría legislativa de Morena, responde tanto a una agenda social interna como a las presiones de supervisión laboral que emanan de Washington.

Paralelamente, el fenómeno del nearshoring está dejando de ser una simple tendencia de mercado para convertirse en una política de Estado. La nueva Ley para Impulsar la Productividad busca elevar la relocalización a un rango institucional, intentando garantizar que la llegada de capitales extranjeros se traduzca en una “prosperidad compartida”. Sin embargo, este impulso convive con un endurecimiento en la fiscalización. La reingeniería del Sistema Nacional Anticorrupción promete un escrutinio mucho más severo sobre las contrataciones públicas y el cumplimiento corporativo, eliminando zonas grises en el fuero y elevando la vara del compliance para todas las entidades privadas.

El entorno se vuelve aún más complejo al considerar la variable electoral y la presión externa. Con las elecciones intermedias de 2027 en el horizonte, la agenda legislativa corre el riesgo de polarizarse, retrasando decisiones críticas sobre infraestructura portuaria o regulaciones ambientales de “carbono azul” que afectan directamente a la logística. Mientras tanto, desde Estados Unidos, las señales de la administración Trump —que no descarta una salida del tratado si no hay cambios sustanciales— obligan a México a negociar bajo una tensión constante.

En definitiva, las empresas no solo deben prepararse para un cambio de reglas, sino para un nuevo paradigma donde la logística inversa, la transferencia tecnológica y la eficiencia energética serán los requisitos mínimos para sobrevivir en un mercado norteamericano cada vez más exigente y proteccionista.

FUENTE: STAFF