Así de absurda es nuestra realidad. Y así de urgente es cambiarla. Porque sin justicia para quien cumple, no habrá país que avance… ni objetivos que se cumplan.
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En México, más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Es decir, más de 30 millones de personas carecen de seguridad social, acceso a derechos laborales, protección jurídica o certeza económica.
La Agenda 2030 de la ONU nos plantea un reto global: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que prometen erradicar la pobreza, reducir desigualdades y garantizar trabajo decente para todos.
Pero si revisamos estos compromisos desde la realidad de la economía informal en México, la evaluación es incómoda: no estamos reprobando… estamos ignorando el examen.
En México, más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Es decir, más de 30 millones de personas carecen de seguridad social, acceso a derechos laborales, protección jurídica o certeza económica. ¿Cómo conciliamos esto con el ODS 8, que promete “trabajo decente y crecimiento económico”? ¿O con el ODS 1, “fin de la pobreza”, cuando el ingreso promedio del sector informal apenas alcanza para sobrevivir?
Más aún, el ODS 10 llama a “reducir desigualdades”. Pero la informalidad perpetúa una brecha silenciosa: mientras unos acceden a crédito, financiamiento y tecnología, otros dependen del efectivo, el día a día y la vulnerabilidad absoluta. En este modelo, el ascenso social no existe; sólo la resistencia.
Y si hablamos del ODS 16 —“paz, justicia e instituciones sólidas”— la informalidad representa el fracaso del Estado en garantizar derechos básicos. Porque donde hay informalidad masiva, hay ausencia del gobierno en su forma más elemental: no hay registro, ni orden, ni garantías. Solo sobrevivencia.
Podemos afirmar sin ambigüedad: México no podrá cumplir los ODS si no enfrenta la informalidad como prioridad nacional. No basta con campañas de concientización; se requiere una transformación territorial profunda, donde la formalidad llegue al barrio, al mercado, al taller, a la fonda. Donde no haya que cruzar un laberinto de trámites para ser visible ante el Estado.
Y sin embargo, la paradoja es brutal: en muchas comunidades, ser informal no solo es más rápido, es más rentable, más seguro… más viable. Porque el sistema, lejos de premiar al que cumple, muchas veces lo castiga.
Tal vez si lanzáramos una campaña que se llamara “Adopta un informal”, tendríamos más éxito que con cualquier política pública. Porque hoy, el informal está en condiciones de convencer al formal de hacer lo mismo: dejar de pagar impuestos, evadir la burocracia y trabajar con menos reglas.
Así de absurda es nuestra realidad. Y así de urgente es cambiarla. Porque sin justicia para quien cumple, no habrá país que avance… ni objetivos que se cumplan.
FUENTE: Dr. Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente de CONCANACO SERVYTUR
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