El Arbitraje Aduanero. Una alternativa justa, rápida y económica

Dr. Andrés Rohde Ponce


  1. Las bases Constitucionales sobre la Solución de Controversias 

En materia de solución de controversias la Constitución Política de México (CPM) consagra derechos humanos y garantías individuales para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la propia CPM establezca, entre ellos, principalmente los siguientes:


  1. El debido proceso legal 

El artículo 14 de la CPM dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 


En el texto anterior se establece la obligatoriedad del derecho y la garantía del debido proceso legal; la prohibición de los tribunales especiales; la garantía de audiencia y sus formalidades esenciales (notificación, oportunidad para aportar pruebas y alegatos y la emisión de una sentencia) y la garantía de no retroactividad perjudicial de la ley. 


El precepto constitucional añade que en los juicios del orden civil (en términos generales aquellos que no sean penales) la sentencia deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho, garantizando así el respeto a todo el orden jurídico nacional.  


  1. El derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa y gratuita 

El artículo 17 de la CPM establece también que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, esto es, prohíbe tajantemente hacerse justicia por propia mano. Por lo tanto, consecuentemente, establece el derecho humano de acceso a la justicia y dispone que los tribunales estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial y que sus servicios serán gratuitos.


  1. La disponibilidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

El artículo 17 Constitucional, desde su reforma (DOF 18 de junio de 2008) establece –de manera expresa– que las leyes preverán Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), mandato constitucional que poco a poco se ha venido materializando en la legislación de cada materia para permitir que las controversias se resuelvan a través de uno de estos mecanismos. 


  1. Las principales disposiciones aduaneras de la legislación mexicana 
  2. La materia aduanera es competencia federal 

México es una república federal, por lo tanto, ciertas materias son competencia del Gobierno Federal (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) mientras que otras competen a los Gobiernos Estatales y Gobiernos Municipales. 


El sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Gobiernos Estatales está establecido en el artículo 124 de la CPM que dispone que las facultades que no están expresamente concedidas por la CPM a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.


Las materias que regulan el comercio exterior y el establecimiento de contribuciones al comercio exterior se reservan expresamente por la CPM a la competencia de las autoridades federales, por ejemplo, en los siguientes preceptos: 


El artículo 73, fracciones X y XXIX párrafo 1º de la CPM, disponen que el Congreso de la Unión (Legislativo Federal) es competente para legislar en materia de comercio y para establecer contribuciones sobre el comercio exterior.


El artículo 89, fracciones I y XIII de la CPM, establecen, entre otras facultades y obligaciones del Presidente de la República, las de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia y las de habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.


El artículo 131, primer párrafo, de la CPM establece que es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia.


  1. Las autoridades aduaneras 

La máxima autoridad aduanera es el Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y órgano máximo de la Administración Pública Federal.


El artículo 90 de la CPM dispone que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado. Esa ley es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 


El artículo 31, fracciones XI y XII de la LOAPF, establece que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras atribuciones, las de cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, y también le compete vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y así como organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. Esto es, que la SHCP es la superior autoridad aduanera. 


Los artículos 14, 16 y 17 de la LOAPF establecen que al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los funcionarios que establezca el Reglamento Interior respectivo y que podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados con facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 


La Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT) (DOF 15 de diciembre de 1995) estableció que este es el órgano desconcentrado de la SHCP con la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, y fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras y con las atribuciones de recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.


Recientemente, mediante Reglamento Interior expedido por el titular del Poder Ejecutivo (DOF 21 de diciembre de 2021) se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como un órgano desconcentrado de la SHCP con carácter de órgano auxiliar del SAT para ejecutar algunas de sus funciones aduaneras. 


  1. Las leyes aduaneras principales

El artículo 1º de la Ley Aduanera (DOF 15 diciembre 1995) modificada en más de una decena de ocasiones, establece que “esta ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta Ley.” 


La Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (DOF 1º julio 2020) contiene la tarifa con la nomenclatura y las cuotas aplicables; el Código Fiscal de la Federación (CFF) es el ordenamiento supletorio de todas las contribuciones; y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (DOF 1º diciembre 2005) regula el juicio contencioso administrativo que se puede interponer en contra de las resoluciones de las autoridades aduaneras. 


  1. Algunos procedimientos aduaneros susceptibles de generar controversias aduaneras 

Los procedimientos que deben tramitarse para emitir resoluciones que causen perjuicios jurídicos a los interesados contra las cuales se pueda presentar una controversia se pueden encontrar en la Ley Aduanera y en el CFF. 


  1. Los procedimientos establecidos en la Ley Aduanera

Entre otros, destacan tres procedimientos de los cuales en dos de ellos el criterio que los diferencia es si debe practicarse el embargo precautorio de las mercancías. 


En el caso de que proceda el embargo precautorio de las mercancías, el procedimiento respectivo (Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, PAMA) está previsto en los artículos 150, 151 y 153 de la Ley Aduanera.


En el caso de que no proceda el embargo de las mercancías, la causal imputada por la autoridad aduanera se tramitará acorde al procedimiento, sin nombre, establecido en el artículo 152 de la misma ley. 


El tercer procedimiento destacado aquí, está establecido en el artículo 144-A de la Ley Aduanera y se debe tramitar por la autoridad aduanera cuando le impute a un particular autorizado o concesionado algún incumplimiento o conducta que sea causal de cancelación o revocación de la autorización o concesión respectiva. 


En todos estos procedimientos se deberá levantar un acta o un escrito de hechos u omisiones (en el último la ley lo llama “resolución”), haciendo constar la supuesta irregularidad o causal, otorgando al interesado un plazo de diez días hábiles para que ofrezca pruebas y alegatos que considere más convenientes a sus derechos. 


Igualmente, en todos los casos deberá notificarse al interesado la resolución respectiva dentro de un plazo de cuatro meses, de lo contrario, en los primeros dos procedimientos se producirá su caducidad y la invalidez de sus actuaciones, pero en el tercero se entenderá la revocación o cancelación ficta de la autorización o concesión.   


Las resoluciones pueden determinar el cobro de contribuciones, la imposición de sanciones, la cancelación de autorizaciones y la pérdida de propiedad de las mercancías (decomiso).


Estos procedimientos pueden iniciarse después de concluido el despacho aduanero (glosa documental), o bien durante la práctica del despacho aduanero (en el reconocimiento aduanero de las mercancías).


  1. Las facultades de comprobación establecidas en el Código Fiscal de la Federación 

Los procedimientos del CFF se denominan facultades de comprobación fiscal y en sus artículos 42, 46-A y 50 se regula su inicio y la duración máxima de tramitación. 


Esas facultades pueden consistir en el requerimiento a los contribuyentes de informes y documentos, la revisión de su contabilidad en las oficinas de la autoridad, visitas domiciliarias de verificación fiscal, auditorías electrónicas, verificaciones de mercancías en transporte, entre otras.


Estos procedimientos, en términos generales, consisten en la emisión de una orden por escrito de la autoridad competente, fundada y motivada, debidamente notificada al interesado y el desahogo de los mismos dentro de un plazo legal que debe de concluir con un acta final o un oficio de observaciones, contra los cuales el interesado puede ofrecer las pruebas y exponer los alegatos que desvirtúen las supuestas irregularidades, después de lo cual la autoridad fiscal o aduanera deberá emitir una resolución final dentro de un plazo máximo. El incumplimiento a ese plazo provocará la caducidad específica del procedimiento de comprobación y la invalidez de las actuaciones. 


IV. Los medios ordinarios de defensa para impugnar las resoluciones aduaneras en contra de las resoluciones anteriores, los interesados las pueden impugnar a través del ejercicio de los siguientes medios ordinarios de defensa:


  1. El recurso de revocación 

Los artículos 116 al 128 del Código Fiscal de la Federación establece el recurso administrativo de revocación, el cual se podrá interponer en contra de: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que a). determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; b). nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley; c). dicten las autoridades aduaneras; d). cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal o en contra de II. los actos de autoridades fiscales federales que a). exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización; b) se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados; c). afecten el interés jurídico de terceros. 


Como se aprecia, el recurso se puede interponer alegando la ilegalidad de la resolución o en contra de la ilegalidad del procedimiento de ejecución para su cobro. 


El recurso de revocación se deberá presentar ante la autoridad que dictó o notificó la resolución impugnada y se tramitará y resolverá por la propia autoridad aduanera. Esto es, se trata de un medio de defensa en sede administrativa. 


  1. El Juicio Contencioso Administrativo 

El juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) y en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal administrativo dotado, acorde a la CPM, de plena autonomía técnica y con plena jurisdicción para dictar sus fallos. 


El recurso de revocación y el juicio contencioso son opcionales para el contribuyente y si optó por el recurso, la resolución que le recaiga puede ser impugnada posteriormente a través del juicio contencioso.


La tramitación de este juicio, en términos generales, consiste en la demanda; contestación de la demanda; ampliación de la demanda y contestación a la ampliación de la demanda en ciertos casos; desahogo de las pruebas; alegatos; cierre de instrucción y la sentencia.


El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) está compuesto de un Pleno, una Sala Superior integrada por tres Secciones, Salas Regionales y Salas Especializadas. Las Salas Regionales y las Salas Especializadas se componen de tres magistrados cada una y cada uno de ellos actuará como Instructor de los juicios que se reciban, los cuales serán asignados por riguroso turno.


En sus inicios, el TFJA fue un tribunal de anulación que sólo declaraba la nulidad o confirmaba la validez de la resolución impugnada. Actualmente, es un tribunal de plena jurisdicción con facultades para anular o confirmar la resolución y también para condenar a las partes para determinadas prestaciones y conductas. 


  1. El Juicio de Amparo 

En contra de las sentencias del juicio contencioso administrativo dictadas por el TFJA, procede la interposición del Juicio de Amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se pueden hacer valer las violaciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución o las garantías individuales para su protección, entre los cuales se encuentra la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, y con ello se puede impugnar cualquier falta de fundamentación o motivación de la sentencia del TFJA y de la resolución que haya sido motivo del juicio y cuyos efectos adversos persistan sobre el demandante o quejoso. 


V. Las principales materias o cuestiones de las resoluciones aduaneras 


Entre algunas de las conductas –en unos casos por acción y en otros por omisión– que las autoridades aduaneras suelen con mayor frecuencia imputar a los particulares que derivan, por lo general, en resoluciones que determinan consecuencias a cargo de éstos y que son susceptibles de impugnación, se pueden enunciar, grosso modo, las siguientes:


  1. La comisión de infracciones aduaneras 

Son varias decenas de conductas que la legislación aduanera establece como infracciones que pueden cometer los particulares obligados al cumplimiento de sus disposiciones, ya sea durante la introducción de las mercancías al territorio nacional o su salida del mismo; la permanencia de las mercancías de importación, vehículos y personas en los recintos de la aduana; la presentación de las declaraciones, avisos y documentos exigibles por la ley; las formalidades del despacho aduanero y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones a que están sujetos los regímenes aduaneros, entre otras más. 


Las consecuencias jurídicas de esas resoluciones suelen ser la imposición de multas pecuniarias ya sea en cantidades fijas (entre un mínimo y un máximo) o un porcentaje del valor de la mercancía o de las contribuciones omitidas, aunque en algunos casos la ley establece también la pérdida de propiedad de las mercancías o la suspensión de las actividades del infractor o la clausura de sus locales. 


  1. El incumplimiento de obligaciones de regímenes, autorizaciones o concesiones 

Son también múltiples los casos de las resoluciones aduaneras por incumplimientos de los particulares a las obligaciones y condiciones a que están sometidas las mercancías por el régimen aduanero al cual se destinaron o por gozar de una autorización o concesión para manejar mercancías de importación, por ejemplo, los recintos fiscalizados, depósitos fiscales, entidades para prevalidar pedimentos y otras, las que suelen determinar la cancelación o revocación de las autorizaciones o concesiones, además de la imposición de multas pecuniarias. 


  1. La omisión de contribuciones y/o regulaciones no arancelarias 

Dos clases de conductas que se suelen considerar típicamente aduaneras son la evasión del pago de las contribuciones al comercio exterior y el incumplimiento de las regulaciones no arancelarias, supuestos que son motivo de resoluciones que determinan consecuencias graves como son, entre otras más, elevadas multas e incluso el decomiso o pérdida de propiedad de las mercancías. 


La evasión fiscal y el incumplimiento a regulaciones no arancelarias pueden ser, en algunos casos, el resultado de la ejecución de otras conductas como medios o artilugios para conseguir ese resultado, como la inexacta o incorrecta clasificación arancelaria, valoración aduanera u origen de las mercancías, en este último caso.


VI. Algunas circunstancias en la solución de las controversias aduaneras 


En términos generales, se puede observar algunas circunstancias, entre otras, que estarían actuando como factores adversos a la solución justa, rápida y económica de las controversias aduaneras, entre ellas las siguientes:


El incremento significativo de la cantidad y monto económico de las resoluciones de las autoridades aduaneras debido al uso de nuevas herramientas, la ejecución de programas de fiscalización más eficaces y por el ejercicio de nuevas atribuciones a favor de las autoridades aduaneras. 


El extenso tiempo que transcurre entre la realización de los hechos que son causa de las resoluciones y la emisión de las mismas (por lo general, la ley le permite a la autoridad cinco años), lo que incrementa de modo importante el monto económico exigido por accesorios (actualización por inflación y recargos por intereses). 


La desestimación sistemática de las defensas de fundamentación y motivación (legalidad) expuestas por los particulares dentro de los procedimientos aduaneros. 


La escasa confianza de los particulares en el recurso de revocación, a pesar de incentivos para su uso, debido a una percepción altamente significativa de falta de imparcialidad, objetividad y exhaustividad en sus resoluciones. 


El aumento significativo de los juicios contenciosos ante el TFJA y de los juicios de amparo interpuestos ante los tribunales colegiados. 


Los extensos lapsos de tiempo y elevados costos para las partes para el fallo que ponga un fin definitivo a las controversias originadas por múltiples causas, a pesar de la reducción de los plazos legales para los actos y diligencias procesales. 


La expansión constante de las unidades jurídicas para la tramitación de los procedimientos aduaneros, los recursos de revocación y la representación de las autoridades en los juicios. 


La existencia de daños consecuenciales para el Estado y para los particulares, por la obligación del primero, si pierde la controversia, de pagar resarcimientos económicos si las mercancías no pueden ser entregadas a sus destinatarios o las cargas para los segundos, aunque hubieran ganado los litigios, de pagar garantías, penas convencionales, demoras, etc. 


Estas circunstancias indican la presencia de condiciones adversas para todas las partes en la tramitación de los medios ordinarios de defensa que hacen recomendable el planteamiento de un mecanismo alternativo de solución de controversias (MASC), en particular, de árbitros aduaneros.  


VII. Algunas premisas para un Arbitraje Aduanero


A continuación, se exponen algunos planteamientos de un MASC aduanero consistente en el arbitraje, como un medio eficaz para aumentar la tutela efectiva de los derechos de los importadores y exportadores, atender la creciente litigiosidad de los diferendos aduaneros y disminuir los tiempos y costos empleados en su resolución definitiva. 


  1. Los principios del arbitraje aduanero 

El arbitraje en materia aduanera debería prever preceptos jurídicos orientados por principios que aseguren la consecución de los objetivos que se propone obtener. 


  • Alternativo. Los medios ordinarios de defensa legal seguirían disponibles para todos los particulares que decidieran impugnar las resoluciones aduaneras que les sean adversas por esos medios, sin que por ello estén sujetos a ningún requisito, condición o carga especial por haber elegido los mismos.  
  • Voluntario para el particular. El afectado por una resolución aduanera podría elegir entre interponer los medios ordinarios de defensa o someter la controversia aduanera a su solución mediante el arbitraje. En caso de elegir el arbitraje, la autoridad aduanera tendría la obligación de someterse al arbitraje. 
  • Estricto Derecho. Los laudos se dictarán con base en las pruebas que obren en los autos y ajustándose a las disposiciones legales aplicables. 
  • Celeridad. Las disposiciones sobre todas las actuaciones procesales arbitrales deberían establecer plazos muy breves para llegar rápidamente y sin demoras a la emisión del laudo. 
  • Economía. El arbitraje debería tramitarse sin exigir formalidades rigoristas y en general, desahogarse de la manera más sencilla, económica y rápida posible. 
  • Informalidad y oralidad. Las actuaciones arbitrales observarán la simplificación del procedimiento y la oralidad de las audiencias que deban desahogarse. 
  • Publicidad. De todas las actuaciones y resoluciones del arbitraje se deberán levantar las actas correspondientes, cuyos extractos será publicados en el portal de internet respectivo. Los laudos serían publicados en su totalidad, salvo las partes que deben suprimirse acorde a las disposiciones sobre protección de datos. 
  • Moderno. El arbitraje debería desahogarse preferentemente mediante medios electrónicos o digitales usando de las tecnologías de la información y comunicación. 

  1. El Cuerpo Arbitral

Para lograr altos estándares de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y economía, se integraría un Cuerpo Arbitral para cada una de las controversias que las partes sometieran al arbitraje aduanero, conforme a la forma conocida como arbitraje ad hoc, sin crear ninguna dependencia que fungiera como institución arbitral permanente.


  1. La Secretaría Instructora 

Una oficina jurídica de la autoridad aduanera tendría el carácter y la competencia de Secretaría Instructora, cuya función sería apoyar administrativamente a los Cuerpos Arbitrales, para lo cual tendría, entre otras más, las siguientes atribuciones: recibir las promociones de las partes; llevar a cabo las diligencias para la integración del Cuerpo Arbitral; dar fe de las audiencias y actuaciones; levantar las actas y firmarlas junto con el presidente del Cuerpo Arbitral respectivo; ejecutar los acuerdos del Cuerpo Arbitral; ordenar que se practiquen las notificaciones respectivas y hacer constar las mismas; hacer el engrose del laudo que se emita y recabar las firmas de los árbitros; hacer las notificaciones a las autoridades aduaneras que procedan a su debido cumplimiento y expedir las certificaciones de autos correspondientes. 


  1. Las listas Arbitrales 

Cada Cuerpo Arbitral se integraría con tres árbitros, los cuales serían elegidos entre aquellos que estén inscritos en cada una de las Listas Arbitrales que se formarían del siguiente modo:


La autoridad aduanera propondría el número de candidatos que señalen las reglas respectivas y que, una vez aprobados, integrarían la Lista Arbitral número 1. 


Las organizaciones del sector privado propondrían hasta el número de candidatos que señalen las reglas respectivas y que, una vez aprobados, integrarían la Lista Arbitral número 2. 


Las personas que hayan sido Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa o Magistrados del TFJA, que se encuentren en retiro, jubilación o hayan terminado el periodo para el cual fueron designados, podrán solicitar su inscripción como candidatos a árbitros y, una vez aprobados, integrarían la Lista Arbitral número 3.


  1. La integración del Cuerpo Arbitral

La modalidad para la designación de árbitros sería la “elección cruzada” que consiste en que el particular que someta al arbitraje una controversia aduanera deberá designar un árbitro entre aquellos que aparezcan en la Lista número 1 (propuestos por la autoridad), mientras que la autoridad aduanera deberá designar un árbitro entre aquellos que aparezcan en la Lista número 2 (propuestos por los importadores y exportadores) y, por su parte, ambos árbitros elegirán al tercer arbitro entre aquellos que aparezcan en la Lista número 3 (ex Magistrados), quien actuará como presidente del Cuerpo Arbitral. En caso de los árbitros no llegaran a un acuerdo dentro de cierto plazo, la Secretaría Instructora lo elegirá, conforme al orden sucesivo de la Lista número 3. 


  1. Régimen profesional y ético de los árbitros 

Las disposiciones respectivas fijarán los requisitos de inscripción de los candidatos a árbitros, las reglas de la convocatoria para tales efectos y los impedimentos e inhabilitaciones de los árbitros. Un Comité Ético hará el estudio de las propuestas y solicitudes de árbitros y comunicará a la Secretaría Instructora las Listas 1, 2 y 3 que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.  


Dicho Comité se integrará con un vocal designado en común por los colegios y barras de abogados del país; el titular de la entidad pública de defensa de los contribuyentes; los titulares de las direcciones que señale la autoridad aduanera y el titular de la misma, que lo presidirá. El titular de la oficina que lleve la Secretaría Instructora fungirá como Secretario del Comité y en su ausencia, tendrá ese carácter el titular de la dirección jurídica de la autoridad aduanera.  


Una vez que los árbitros acepten el cargo no podrán renunciar al mismo, salvo causas extraordinarias debidamente justificadas.  


El monto de los honorarios que deberá cubrir cada una de las partes a los Cuerpos Arbitrales será establecido anualmente por el Comité Ético, se expresará en cantidad fija y no estará relacionado con la cuantía de las resoluciones que se trate. Dicho monto se entenderá como pago total y los árbitros no podrán exigir cantidad adicional por ningún concepto. Su pago total deberá acreditarse con el escrito inicial de cada una de las partes.


  1. El procedimiento arbitral 

Las disposiciones respectivas establecerán las reglas procesales que consistirán, principalmente, en el escrito de hechos, derecho y pruebas; contestación de la autoridad y sus pruebas; una audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos y otra para la emisión del laudo. Las disposiciones de la LFPCA serían supletorias.  


  1. Los laudos 

Los laudos se emitirían por mayoría de votos, se fundarán en Derecho y conforme a las pruebas que hayan sido ofrecidas, admitidas y desahogadas, y se limitará a confirmar o anular las resoluciones impugnadas.  


Los laudos no podrán fundarse en laudos anteriores y tampoco constituirán precedentes y tampoco serán susceptibles de ser impugnados. 


El laudo se notificará a todas las autoridades relacionadas con las resoluciones que hayan sido materia del arbitraje.


  1. Exclusiones 

No podrán ser impugnadas en arbitraje las resoluciones o normas generales, los reglamentos y las leyes, así como las resoluciones que sean conexas con otras que estén siendo impugnadas en los medios ordinarios de defensa. 


Finalmente, es importante señalar que esta es una alternativa cuyo establecimiento requiere la modificación a la Ley Aduanera. 

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