La Cámara mexicana de Diputados aprobó este viernes una reforma para restringir la minería que reduce los tiempos de las concesiones mineras y facilita cancelar los permisos, medidas que crearían roces en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con el impulso de los partidos aliados del Gobierno, los diputados aprobaron durante la madrugada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La reforma permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
Mientras que la ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.
El gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suavizó la iniciativa original del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien había propuesto reducir la duración de las licencias a solo 15 años con solo una prórroga.
Si la reforma se aprueba en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Al defender la iniciativa, la diputada Raquel Bonilla, de Morena, argumentó que las modificaciones “tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación”.
El legislador Joaquín Zebadúa, también de Mornea, denunció que las mineras evaden impuestos por 19.000 millones de pesos (más de 1.055 millones de dólares) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1.600 concesiones en áreas naturales protegidas.
Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno, apuntó que el 62 % de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55 % no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51 % opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
Pero la oposición acusó a la alianza del Gobierno de votar la reforma en “fast track”, como se dice en México cuando la mayoría en el Congreso apresura una votación sin consenso.
La diputada Laura Patricia Contreras, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), advirtió riesgos para un sector que tiene 417.000 empleos, aporta el 2,5 por ciento de la economía nacional, y genera ingresos anuales por 269.000 millones de pesos (14.944 millones de dólares).
La reforma podría generar tensiones con los socios del T-MEC, en particular con Canadá, alertaron especialistas y empresas.
FUENTE: EFE
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