La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío tras la propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de aplicar aranceles adicionales a importaciones provenientes de 60 economías, bajo el argumento de fortalecer las acciones contra bienes vinculados con trabajo forzoso en terceros países.

Dentro de esta iniciativa, México figura entre las naciones que podrían enfrentar un gravamen adicional del 10%, junto con otros socios comerciales relevantes como la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido. Para un segundo grupo de países, la propuesta contempla aranceles de hasta 12.5%.

La medida surge de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que cuestiona la eficacia de diversos gobiernos para impedir la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso fuera de sus territorios. No obstante, el Gobierno mexicano subrayó que se trata de una propuesta preliminar y no de una decisión definitiva.

La Secretaría de Economía informó que México participará activamente en el periodo de consultas y comentarios previsto para las próximas semanas, con el objetivo de demostrar que los argumentos utilizados en la investigación no justifican la imposición de nuevas barreras comerciales. Además, señaló que la iniciativa estadounidense forma parte de una estrategia para reemplazar otros mecanismos arancelarios que han enfrentado obstáculos legales o están próximos a expirar.

Este escenario coincide con el inicio de la revisión formal del T-MEC, proceso que comenzará en julio de 2026 y que ya ha generado intercambios entre los tres socios de Norteamérica. En este contexto, las autoridades mexicanas confían en que el diálogo bilateral permita ajustar o descartar la propuesta antes de que se convierta en una medida efectiva.

La posible imposición de estos aranceles añade presión a la agenda comercial regional y anticipa negociaciones complejas en torno al futuro del T-MEC, en un momento en que la competitividad, la seguridad de las cadenas de suministro y las políticas laborales ocupan un lugar central en la estrategia económica de Estados Unidos.

FUENTE: STAFF