La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) está considerando una posible revisión de la tarifa antidumping que actualmente se impone a los tomates provenientes de México.

Si no se renuevan los acuerdos de suspensión existentes entre ambos países, se impondrá un arancel del 20.91% a partir del 14 de julio a las importaciones mexicanas de tomate.

Esta situación surge luego de que, en abril, el Departamento de Comercio anunciara la intención de retirar a Estados Unidos del acuerdo firmado en 2019, lo que activa un plazo de 90 días antes de aplicar nuevamente los aranceles.

Durante este año, las importaciones estadounidenses de tomate mexicano alcanzaron los 3,234 millones de dólares, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior. México cubre el 86% del total importado, seguido por Canadá, Guatemala, República Dominicana y Honduras.

La USITC ya abrió un espacio para que las partes interesadas presenten comentarios, con el fin de evaluar si existen cambios sustanciales que ameriten revisar las condiciones actuales.

Si la revisión es aceptada, la comisión determinará si la industria estadounidense del tomate continúa siendo afectada por los productos mexicanos, lo que podría modificar o incluso eliminar la medida antidumping. Aunque se considera improbable, un nuevo fallo podría poner fin a futuras restricciones comerciales.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha mostrado confiada en alcanzar un nuevo acuerdo antes del 14 de julio.

El acuerdo vigente establece precios de referencia según el tipo de tomate: 0.31 dólares por libra para los tipos round y roma, 0.46/lb para los que tienen tallo, 0.50/lb para tomates en la vid, 0.49/lb para tomates especiales sueltos y 0.59/lb para los envasados especiales. En cuanto a los orgánicos, su valor es 40% superior al de los convencionales.

En octubre de 2022, la Representación Comercial de EE. UU. (USTR) conformó un panel con miembros del sector privado para diseñar estrategias que fortalezcan a los agricultores de productos perecederos, con énfasis en el sureste del país. Este grupo trabaja de la mano con el Departamento de Agricultura (USDA), explorando desde reformas administrativas hasta propuestas legislativas.

Dicha acción se dio luego del rechazo de la USTR a una solicitud de los productores de Florida, quienes pidieron medidas de protección bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, herramienta que permite sancionar a países por prácticas consideradas desleales.

Cabe recordar que en 2019, los exportadores mexicanos firmaron un acuerdo con la administración del entonces presidente Donald Trump, evitando así una investigación formal y resolviendo una disputa comercial.

El Acuerdo de Suspensión del Tomate, renovado en septiembre de 2019, establece que los exportadores mexicanos se comprometen a vender por encima de los precios de referencia, lo que mitiga el posible daño a los productores estadounidenses. Esta medida aplica únicamente a tomates frescos y refrigerados, excluyendo los que están destinados a procesamiento industrial.